Migración, también por impunidad
Los terribles acontecimientos en que la anciana Ernestina Ascensción Rosario, de 72 años, perdió la vida cuando pastoreaba sus ovejas en la comunidad de Tetlatzinga, Veracruz, y la falta de claridad de las autoridades de este país para esclarecer este más que lamentable suceso indicarían que, una vez más, los ataques perpetrados en contra de las comunidades indígenas van a quedar en la impunidad.
Hay una larga lista de agravios a estas comunidades que siguen sin resolverse. Recordemos algunos de los más señalados: los suscitados el 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, cuando agentes de la Policía Motorizada y Judicial de Guerrero emboscaron una camioneta que transportaba campesinos del pueblo de Atoyaquillo que iban a Coyuca de Benítez para comprar y vender mercancías, así como a miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur que pretendían participar en un mitin en Atoyac de Alvarez. Los policías acribillaron a los campesinos y los sobrevivientes fueron ejecutados con un tiro en la cabeza. A más de una década de ocurrido este crimen, los autores intelectuales permanecen en la impunidad.
Otro terrible hecho, que sigue presente en nuestra memoria y en la impunidad, es el de Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997: la masacre de 45 indígenas tzotziles.
No hay voluntad política para acatar las muchas recomendaciones que organismos internacionales han hecho al gobierno mexicano. Amnistía Internacional ya señalaba en uno de sus informes de 2001 que en los estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca, los pueblos indígenas y sus organizaciones comunitarias sufren violaciones a los derechos humanos durante los operativos de las fuerzas armadas contra grupos insurgentes o bandas de narcotraficantes, pues "prácticamente no hay control para las violaciones de derechos humanos contra los indígenas, lo cual contribuye al círculo vicioso de impunidad y más violaciones, pues sus autores tienen la idea de que no tendrán que responder por sus acciones".
De acuerdo con el informe de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), mujeres indígenas tlapanecas, de la zona de Loxicha y de Tlacoachixtlahuaca, Guerrero, que fueron violadas por militares, continúan esperando justicia desde hace 12 años, porque los delitos siguen impunes. Como señala CIMAC, la presencia de militares en provincia, sobre todo en comunidades indígenas, ha sido siempre una amenaza particularmente para las mujeres, quienes constantemente son acosadas por los soldados, lo cual culmina casi siempre en violaciones, tanto sexuales como a sus derechos humanos, y queda en la impunidad.
En 2002 el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez registró 52 casos de mujeres indígenas violadas por militares tan sólo en los estados de Guerrero y Veracruz. De acuerdo con el informe de CIMAC, de 1994 a 2006 se registraron 73 violaciones a indígenas por parte de soldados, y si se suman los 13 casos de violación en Castaño, Coahuila, alcanzan 86 violaciones.
Es muy posible que estos números estén subrepresentados, pues a las mujeres atacadas les cuesta mucho trabajo denunciar tales ataques por miedo a la respuesta de las propias comunidades, y todo ello produce mayor tensión y miedo, ya que saben que la historia es la impunidad.
Por eso no es extraño que la impunidad sea un factor que se añade a la pobreza y marginación incrementando la migración indígena a Estados Unidos. Según el Consejo Nacional de Población, entre 1998 y 2000 los hablantes de lengua indígena representaron 7.6 por ciento del total de migrantes que se dirigieron al país vecino; de ellos, 39 por ciento proviene de la región sur-sureste, destacando los estados de Oaxaca y Puebla. Y si bien se trata de una población muy vulnerable en Estados Unidos, parecería que la situación de impunidad vivida en México es más grave que todo lo que tienen que pasar cruzando la frontera, que por cierto no es poco.
La impunidad es un cáncer social y debe ser atacada de frente. No se puede seguir permitiendo que todo tipo de crímenes quede sin castigo para los culpables, pues con ello se da carta blanca para que se sigan cometiendo, ya que es una aprobación tácita de tales conductas, "porque aquello que se hizo una vez sin pena alguna puede repetirse sin miedo".
Hoy más que nunca la sociedad debe actuar con una renovada visión de la importancia de los derechos humanos, para lograr una convivencia democrática, lo que sin duda pasa por impedir que la impunidad sea ley