Se amplía el régimen de incompatibilidades; no podrán litigar contra el Estado
Aprueba el Senado ley antidiego contra prebendas ilegítimas de legisladores
Por primera vez se imponen limitaciones, sanciones y responsabilidades, destaca Creel
Pablo Gómez recuerda la figura de Fernández de Cevallos como paradigma de corrupción
El Senado de la República aprobó ayer reformas constitucionales y legales con el propósito de ampliar el régimen de incompatibilidades para los legisladores, a los que se prohíbe litigar en contra del Estado, ocupar algún otro cargo público de manera paralela y obtener beneficios o prebendas económicas a partir de su encargo en el Congreso de la Unión.
En tribuna, el perredista Pablo Gómez expuso que a la reforma se le conoce popularmente como la ley antidiego, ya que el ex senador Diego Fernández de Cevallos es un caso "emblemático" , pero no el único, ya que aprovechar las funciones legislativas para lucrar y enriquecerse no es problema de un solo partido, sino de toda la clase política mexicana.
De todos modos, el perredista celebró que Acción Nacional haya presentado esta iniciativa: "Le correspondía, por tener en sus filas al representante emblemático de este fenómeno". Recalcó luego que se trata del primer paso para reivindicar la ética republicana.
En nombre del PRI, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Pedro Joaquín Coldwell, hizo notar que si bien a partir de 2000 se dejó atrás el presidencialismo y sus secuelas negativas, se arribó después a un sistema precario en valores republicanos, "en el que a veces campean las ambiciones desmedidas y el espíritu de lucro sin rubor y sin frenos".
La reforma al artículo 62 constitucional y a la Ley Orgánica del Congreso impide que, libres ya del control presidencial, los legisladores puedan convertirse en representantes al servicio de los poderes fácticos, lo que implicaría que las decisiones públicas respondieran a intereses particulares, de corporaciones nacionales o extranjeras ansiosas de avasallar a los compradores y de imponer condiciones y reglas en sectores estratégicos.
Mediante la reforma, puntualizó, se impedirá "el abandono de la responsabilidad política de los legisladores en favor de fuerzas ilegítimas". El dictamen, explicó Joaquín Coldwell, recoge antiguas y nuevas incompatibilidades para los legisladores: las de no ocupar cargos en otros poderes que contradigan la función parlamentaria, e impedimentos como el de representar intereses patrimoniales contra el Estado.
Antes de que se discutiera la reforma, el coordinador de los senadores del PAN, Santiago Creel Miranda, destacó que después de 90 años de mantenerse intocado, se reforma ahora el artículo 62 constitucional. "Es, además, la primera vez en la historia parlamentaria del país en que los legisladores nos autoimponemos limitaciones, sanciones y responsabilidades muy concretas en materia de conflicto de interés y en materia de actividades que han desprestigiado al Congreso", planteó.
Los cambios son importantes, recalcó, porque finalmente se van a castigar el tráfico de influencias y el abuso de poder, inclusive con la pérdida del cargo legislativo, agregó.
La intervención que más llamó la atención fue la del senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Jorge Legorreta, quien criticó "los tristes ejemplos" de algunos legisladores federales y locales que pertenecían a empresas o despachos privados y actuaron en contra de los intereses del Estado.
En ese mismo tono aludió a la necesidad de contar con legisladores de tiempo completo, independientes ante cualquier presión, interés o dinero.
Algunos senadores se preguntaban en sus escaños si era autocrítica por los videos en los cuales el dirigente del PVEM, Jorge Emilio González Martínez, negociaba una comisión por tramitar permisos para construcción en zonas de reserva ecológicas de Cancún, Quintana Roo. Al dictamen en torno a la reforma al artículo 62 constitucional se le hizo ayer un último cambio. Lo presentó, en nombre de las comisiones dictaminadoras, el senador perredista Tomás Torres. Fue para precisar la prohibición a los legisladores de litigar contra el Estado.
En el dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria, el artículo 62 establece que "no podrán representar por sí, o por interpósita persona, intereses patrimoniales de terceros frente a los de cualquier ente o persona moral de derecho público". El cambio fue de una preposición. Se quitó "frente", para poner "contra los de cualquier ente o persona moral de derecho público".
Al final, el perredista Ricardo Monreal propuso que se regresara a la iniciativa original, para que se prohibiera toda actividad particular remunerada a los legisladores. No se aceptó.
La reforma se aprobó con 106 votos en favor y ninguno en contra; las modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso por cien votos en favor, una abstención y ninguno en contra.