La resolución, pese a que en el dictamen se reconoce activismo previo durante 2005
Absuelve IFE de proselitismo anticipado a precandidatos de PAN, PRI y PVEM
Enfrentamos una legislación incompleta para regular en la materia, admite titular del instituto
Ampliar la imagen Los consejeros del Instituto Federal Electoral, durante la sesión de ayer en la que el debate se centró en las precampañas Foto: IFE
El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) determinó que durante las precampañas de 2005 el PAN, el PRI y el PVEM no cometieron actos de proselitimo anticipados en sus procesos internos que violaran la legislación en la materia en detrimento de la equidad de la contienda. Con siete votos a dos, los consejeros finalmente decidieron que en el activismo de precandidatos, incluido el del actual Presidente, Felipe Calderón, no hubo nada ajeno a la ley.
En la sesión del consejo se debatió en torno a una de las más extrañas decisiones aprobadas por el IFE en su historia: en un mismo documento, con referencias legales y alusiones a jurisprudencias, el dictamen elaborado por la Junta General Ejecutiva inculpaba a los partidos de romper con la equidad, pero una segunda parte del documento -el proyecto de resolución-, aludiendo a las mismas normatividades, determinó absolverlos de toda responsabilidad.
Literalmente en las penumbras -ante la falta de energía eléctrica durante unos minutos de la sesión-, el consejero Virgilio Duarte explicó las motivaciones de cada uno de los sentidos que tenía el mismo documento.
Al amparo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se juzgaba que hubo actos anticipados de campaña tolerados por los partidos que se beneficiaron de los mismos, por lo que se desprendía su culpabilidad. Más adelante, con esos mismos fundamentos legales se argumentaba que no hubo tales actos anticipados de campaña y, por tanto, eran inocentes.
Lo relevante de la votación fue que entre los dos únicos votos que se opusieron a la exoneración se encontraba el del consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, quien junto con Lourdes López pugnaban por sancionar a los partidos por la realización del proselitismo previo al arranque de los procesos internos.
Posición "en contra"
En su única intervención de la sesión, peculiar resultó que Ugalde argumentó en favor de la mayoría de los consejeros, al sostener que había elementos jurídicos insuficientes para que la autoridad electoral actuara. "Lo que quiero decir es que nos enfrentamos a una legislación incompleta para poder regular con claridad y precisión lo que puede considerarse un acto anticipado de campaña".
Minutos después votaría en favor de un dictamen -elaborado por la Junta General Ejecutiva que él también preside- en el que se sustentaban jurídicamente las actitudes violatorias de la equidad de la contienda y la actitud indebida de los partidos.
Todo ello, en medio de las críticas del representante del PRD, Horacio Duarte, quien acusó al IFE de asumir una lamentable postura que sólo contribuye a debilitar el sistema jurídico electoral. Con esta decisión, dijo, el instituto sólo asume una postura de observación frente a actitudes de los partidos que únicamente buscan darle vuelta a la ley, amparándose en esa postura de la autoridad electoral.
Reprochó las justificaciones que habían dado los consejeros en el sentido de que estos temas requerían reformas legales que confirieran mayor claridad para la actuación de la autoridad electoral.
"No creo que temas como estos se puedan resolver sencillamente con aludir a la necesidad de un nuevo marco regulatorio, y vamos a esperarnos. Es un hecho social y político que la autoridad debe enfrentar, y no tener una autoridad simplemente observando cómo se viola la ley", indicó el perredista.
Aunque parecía haber consigna de hacer el vacío al debate por parte de los consejeros, al dejar sólo a Andrade -presidente de la Comisión de Proyectos de Devolución y Resolución- la justificación del sentido de la votación, algunos consejeros intervinieron casi al final.
Frente a las imputaciones de omisión del IFE, el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar pidió la palabra, "porque no creo que esta autoridad haya sido omisa con el tema de las precampañas. Por primera vez, el instituto fiscalizó las precampañas, pero hay que recordar que éstas son un proceso de selección interno. Con anterioridad, no existe disposición ni fundamentación legal alguna para que podamos restringir la libertad de expresión de un militante o ciudadano".
A su vez, el consejero Rodrigo Morales aseveró que si se considerara acto anticipado de campaña cualquier expresión de un ciudadano o funcionario público que advierta de su voluntad de ser Presidente, habría que recordar que eso se vivió intensamente durante todo el sexenio pasado.
Añadió que el IFE optó en ese periodo por regular la rendición de cuentas de los gastos ejercidos durante los procesos internos, lo que motivó la elaboración de toda una regulación para fiscalizar precampañas.
Con la votación, se eximió de responsabilidades partidistas sobre el intenso activismo a los miembros de Unidad Democrática en el PRI, con Arturo Montiel a la cabeza y quien contrató su publicidad a través de la empresa Sport and Branding; a los tres precandidatos del PAN, y a Bernardo de la Garza, aspirante del PVEM.
Durante la misma sesión y sin debate alguno, el Consejo General también consideró infundada la queja panista contra el PRD por la distribución de la carta de despedida del entonces jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, y los actos de proselitismo que realizara el entonces delegado en Coyocán, Miguel Bortolini.
Andrade destacó en entrevista que lo relevante en el tema es que en todos los casos se aplicó el mismo criterio y se consideró que ninguno de los cuatro partidos denunciados -PRI, PAN, PRD y PVEM- incurrió en prácticas ilegales.
Por otro lado, en la sesión quedaron aprobados los cambios estatutarios del PRI, con lo que se da vía libre para que se pueda completar la estructura directiva de ese partido bajo las nuevas disposiciones estatutarias.