La policía boliviana balea a manifestantes que intentaban tomar dos plantas de gas
Responsabiliza Evo Morales a gobernador opositor por la muerte de un civil en Tarija
Ampliar la imagen Bolivianos saquean las oficinas centrales de la empresa Transredes, en Yacuiba Foto: Reuters
La Paz, 18 de abril. El presidente de Bolivia, Evo Morales, responsabilizó hoy al gobernador opositor del departamento de Tarija por la muerte de un civil, la noche del martes en Villamontes, en la frontera con Paraguay, donde manifestantes de esa región intentaron tomar dos plantas de gas.
La víctima fue identificada como Derman Ruiz, de 37 años, quien murió desangrado tras recibir un proyectil de arma de fuego en una pierna, supuestamente disparado por la fuerza pública en un enfrentamiento en donde además otras 50 personas resultaron heridas entre las provincias de Gran Chaco y 'Connors, en Tarija.
La resolución de un conflicto de límites entre ambas provincias que se disputan la jurisdicción de un megacampo gasífero "es competencia de la autoridad regional", dijo Morales en alusión al gobernador de Tarija, Mario Cossio, quien declinó arbitrar en el conflicto latente hace más de un año.
A su retorno de Venezuela, donde asistió a la primera Cumbre Sudamericana de Energía, Morales lamentó la muerte del manifestante durante una protesta en una filial de la petrolera anglo-holandesa Shell, en demanda de mayores recursos del gas.
"No se puede entender (a) dos provincias hermanadas enfrentadas por un tema económico", deploró el presidente, quien pidió "pacificar la zona" a la ciudadanía de los poblados de Yacuiba (sudeste), donde se han reportado más heridos de bala, y de Villamontes, donde cayó Ruiz y otros tres resultaron con heridas de bala.
Mientras, 40 policías fueron desarmados y tomados rehenes en Yacuiba, escenario hoy de enfrentamientos con pobladores que intentan cerrar las válvulas de suministro de gas a Argentina, informó el ministro del Interior, Alfredo Rada.
El gobierno de Bolivia garantizó la normalidad de exportaciones de gas a Argentina y Brasil, así como el abasto a Tarija, amenazadas por estas protestas.
Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia, dijo que el gobierno decidió intervenir en el conflicto para mantener y preservar el orden institucional en la región.
Agregó que "no es posible dejar en la indefensión a los centros de distribución de gas", además de prometer una rápida investigación sobre la muerte del manifestante. Pero, dijo, el gobierno no autorizó el uso de armas de fuego por los uniformados movilizados para proteger los campos y gasoductos chaqueños.
Los manifestantes habían tomado dos estaciones de bombeo de Transredes, filial de Shell, y lograron forzar la suspensión del bombeo por un ducto interno pero sin conseguir interrumpir la exportación del hidrocarburo a Argentina, declaró el ministro de Defensa, Walker San Miguel.
Fuerzas combinadas del ejército y la policía custodian ahora plantas de bombeo, válvulas, gasoductos y campos de producción de gas natural, e informes señalan que los manifestantes habían estado cortando rutas hacia Argentina y Paraguay.
El conflicto estalló el lunes cuando organizaciones civiles de las provincias de Gran Chaco y O'Connors, que se disputan derechos sobre el campo gasífero Margarita, uno de los más promisorios del país, pidieron por separado al gobierno central de La Paz y al gobernador Cossio dirimir la diferencia por la vía legal.
La raíz del conflicto regional es una querella por 25 millones de dólares que anualmente, por concepto de regalías, genera el campo Margarita a la jurisdicción territorial en que se encuentra emplazado, en medio de las citadas provincias antagónicas de Gran Chaco y O'Connors.
Tarija, donde se ubican Gran Chaco y O'Connors, forma parte de lo que se conoce como la Media Luna, que integran además los departamentos de Pando, Santa Cruz y Beni, que se caracterizan por ser ricas regiones mineras y de energéticos, así como grandes productoras de alimentos.
Pero en los últimos meses esas regiones, donde se asientan también las oligarquías y las más influyentes clases políticas tradicionales y de la derecha, desataron una fuerte pugna contra el gobierno de Evo Morales en rechazo a sus políticas nacionalistas y en ese contexto pugnaron por su "autonomía".
El gobierno de Morales, que también ha sido combatido por la Media Luna tras haber lanzado una lucha por una Asamblea Constituyente para transformar el país de fondo, acusó a su vez a esas fuerzas tradicionales de pretender el separatismo de Bolivia ante el temor de perder sus privilegios al no tener ya el control del Estado.