Negativo, privatizar el sistema penitenciario, asegura investigador
En el marco del seminario Sistemas penitenciarios y derechos humanos, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el investigador del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), Stephen Nathan, aseguró que los países que han optado por la privatización del sistema penitenciario han obtenido resultados negativos.
Nathan, quien durante los 25 años recientes ha estudiado los casos de las prisiones privatizadas, aseguró que a nivel mundial no hay datos firmes que hagan suponer que las cárceles operadas de manera privada o semiprivada ayuden a combatir las tasas de reincidencia.
"En el sector privado existe únicamente el interés de sus accionistas para hacer más dinero y para ello necesitan que haya más gente dentro del sistema de justicia criminal", sentenció.
Durante el último día de trabajos del seminario, que se desarrolló en un hotel de avenida Juárez, en el Centro Histórico de la ciudad de México, el integrante de la ILANUD explicó que la "industria" de prisiones privadas surgió en Estados Unidos durante la década de los 80; sin embargo, todos los estudios realizados al respecto indican que el personal contratado en estos centros de readaptación está mal capacitado, tiene bajos salarios y trabaja mucho con una alta rotación de personal, por lo que se registran mayores niveles de violencia que en las cárceles públicas.
Por su parte, Elías Carranza, director del ILANUD, advirtió que el proceso de privatización de centros carcelarios es un error, ya que, por definición, la empresa privada procura ganancias económicas y "si la ejecución de la pena se transforma en un negocio, se sustituyen los criterios que hasta ahora han regido el uso de las penas, como el derecho penal, la política criminal y la ética".
Situaciones perversas
Por otra parte, la integrante del Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE), Ana Laura Magaloni, reveló que poco menos de la mitad de la población penitenciaria en el Distrito Federal se encuentra privada de su libertad por acusaciones de robo simple sin violencia, al sustraer objetos con un valor de menos de 2 mil pesos.
Magaloni consideró que la política de otorgar incentivos económicos a policías y ministerios públicos por el número de detenidos y consignados ha generado situaciones "perversas" que derivan en la encarcelación de las clases sociales más bajas.