México SA
Mafia minera en acción
Grupo México, Napoleón Gómez y Scotiabank, tras el dinero de mineros
Legisladores y presidentes, en entredicho
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Napoleón Gómez Urrutia, en foto de archivo
Foto: Carlos Ramos Mamahua
Dos de las famiglias de la mafia minera que opera en el país recrudecieron el intercambio de coprolitos, tras que el Grupo Minero México (Germán Larrea y su banda de ex funcionarios públicos) perdió la batalla en contra del heredero sindical reinstalado y del propio sindicato del ramo (Napoleón Gómez Urrutia y sus guajiros).
Es la misma historia, pero actualizada. Ahora resulta que el gangsteril grupo empresarial está "muy preocupado" porque "los trabajadores no han recibido el dinero que (desde 1990) les corresponde legítimamente" de un fideicomiso minero instituido en el Scotiabank que despacha en el país, y como no soportó la derrota demandó penalmente a la pandilla rival, con Gómez Urrutia a la cabeza, y a una de las famiglias bancarias que opera en el país, por (según dijo) "el retiro indebido" de 55 millones de dólares del citado fideicomiso. A su vez, Napito y sus abogados "analizan la posibilidad" de denunciar por difamación" al Grupo México, mientras Scotiabank asegura "desconocer" la querella presentada por el corporativo.
Lo único cierto es que las partes involucradas en este asunto llevan años jaloneándose la multimillonaria cobija, mientras los propietarios únicos y beneficiarios de tal fideicomiso, los mineros, se mantienen en espera de sus dineros.
La historia de este asunto, relatada en este espacio en entregas anteriores, dice así: cuando en 1989 el gobierno salinista echó el ejército a los mineros, quebró la Compañía Minera de Cananea (posteriormente Mexicana de Cananea) y la privatizó (regaló) a favor de la familia Larrea -quiebra y privatización que, como tantas otras, fueron totalmente injustificadas-, los nuevos dueños (tan recordados por estos días) aceptaron -como parte del contrato de venta- "repartir" el equivalente a 5 por ciento de las acciones entre los trabajadores que soportaron la represión, la quiebra y la "desincorporación" de una de las más ricas empresas del Estado.
Consolidada la privatización a favor de la familia Larrea (con Jorge Larrea, alias El Azote, a la cabeza, y desde 1999, con su heredero Germán Larrea Mota Velasco), el Grupo México sistemáticamente se negó a cumplir con el mencionado "reparto". Pasó el tiempo (tanto como tres lustros) y la insistencia de los mineros quedó manifiesta año con año: que se nos pague, en líquido, el equivalente a ese 5 por ciento de las acciones. A la reiterada exigencia de los trabajadores, el consorcio privado machaconamente se negó a cumplir con el acuerdo, y para ello contó con el apoyo del Congreso sonorense, de los tribunales del Distrito Federal, del inquilino de Los Pinos en turno y de cualquier "autoridad" que se dejara convencer, al estilo de los Larrea.
Fue tal la insistencia de los mineros y la complacencia de las "autoridades" para con la familia -en el término más siciliano de la palabra-, que el 2 de abril de 2001 el consorcio minero -ya entronado Germán Larrea Mota Velasco- se dio el lujo de informar a sus accionistas e inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores que el reclamo de los trabajadores de la otrora Compañía Minera de Cananea era "cosa juzgada" y que no le colmaran la paciencia.
Por medio de la BMV, la empresa de Larrea comunicaba: "el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal confirma la improcedencia del juicio promovido en contra de Mexicana de Cananea por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares, reclamando el pago de 40 millones de dólares. Por sentencia dictada por unanimidad de votos, que surtió efectos el 27 de marzo de 2001, la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del D.F. confirmó la improcedencia del juicio mercantil que promoviera el Sindicato en contra de la subsidiaria de Grupo México en septiembre de 2000, reclamando el pago de 40 millones de dólares como supuesto valor actualizado del 5 por ciento de las acciones representativas del capital social de Cananea. En el juicio mencionado el Sindicato reclamaba que el ofrecimiento que le hizo Cananea de entregarle, según (sic) el Sindicato, el 5 por ciento de las acciones de esta última empresa, no se podía cumplir como supuestamente se propuso al momento en que la empresa adquirió en subasta judicial los activos de la sociedad quebrada Compañía Minera de Cananea, por lo que entonces debía de pagarle el supuesto valor actualizado de dichas acciones. En virtud de que tal demanda ya había sido intentada por el Sindicato en 1991 ante los tribunales del estado de Sonora, que confirmaron la improcedencia de la demanda (...), que quedó firme en la sentencia de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del D. F. que se menciona (...), por lo que se trataba de cosa juzgada. En virtud de lo anterior, el juicio promovido por el Sindicato a que se ha hecho referencia se dio por terminado".
"Cosa juzgada", juicio "terminado" y otros calificativos, gritaba el intocable Grupo México, pero algo falló, porque, como por arte de magia, el 25 de octubre de 2004 el propio consorcio celebró (también por medio de la BMV) que "finalmente llegó a un acuerdo satisfactorio con el Sindicato para la compra del 5 por ciento de su participación accionaria en Mexicana de Cobre y Mexicana de Cananea."
El monto original que desde 1990 debió entregarse a los mineros fue de 23.75 millones de dólares; una década exigieron 40 millones, y en octubre de 2004 la empresa depositó -según su versión- 55 millones en el fideicomiso instituido en Scotiabank, mismos que aparecieron en la chequera del sindicato de Gómez Urrutia (cuando Salinas privatizó Minera de Cananea el "líder" era su papá, Napoleón Gómez Sada).
Todo, pues, en famiglia, aunque mal se lleven.
Las rebanadas del pastel
Sueños de primavera: es de esperar que el inquilino de Los Pinos ordene a la Secretaría de Relaciones Exteriores protestar enérgicamente por la descarada intromisión de un Estado extranjero en asuntos internos. Porque Joseph Ratzinger no es otra cosa que el jefe del Estado vaticano, la SRE una institución de un gobierno constitucionalmente laico, que de inmediato debe proceder en tal sentido, y la legalización del aborto en México un asunto que sólo a los mexicanos compete decidir.