Multiplica requisitos para organizaciones de ayuda

Endurece SG medidas en las estaciones migratorias

Varias asociaciones religiosas las califican de ''exceso''

FABIOLA MARTINEZ

En el nuevo reglamento para las estaciones migratorias que operan en el país, la Secretaría de Gobernación dispuso un apartado con ''medidas disciplinarias'' para los indocumentados, que van desde la ''amonestación verbal en privado'' a la segregación del migrante hasta por 40 días, así como el aviso al Ministerio Público en caso de que se ponga en peligro la vida del resto de los asegurados o del personal.

De igual forma, se establecen disposiciones especiales para aquellos que -a juicio del Instituto Nacional de Migración (INM)- se encuentren afectados de sus facultades mentales.

A pesar de que se ha prohibido tajantemente que las cárceles sean utilizadas para alojar a los indocumentados -debido a una recomendación expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)-, la comisionada del INM, Cecilia Romero, dijo que el objetivo es dar orden y control a las 48 estaciones migratorias. En el capítulo 8 del reglamento, próximo a publicarse, el instituto estableció múltiples requisitos para el ingreso a visitas de los migrantes, lo mismo para familiares que para organismos de la sociedad civil y ministros de culto religioso.

De este último grupo, cuyos integrantes asisten a las estaciones migratorias para brindar asistencia social o espiritual, se pedirá copia certificada del acta constitutiva de la agrupación religiosa a la que representen los visitantes, así como copia certificada del registro de la misma.

También llenarán un formato en el que los sacerdotes y demás ministros de culto precisen los objetivos de su visita, bajo protesta de decir verdad, la descripción detallada de las actividades a realizar y los días y horas en que pretenden asistir.

Esta serie de requisitos fue calificada por sacerdotes que acuden a estaciones migratorias de un exceso en detrimento de sus actividades pastorales y de defensa de los derechos humanos.

José Alejandro Solalinde Guerra, coordinador en la zona sur para las Actividades Pastorales de la Movilidad Humana, dijo que los ministros de culto cumplirán con todos los requisitos impuestos por Gobernación.

Sin embargo, añadió, los afectados serán los propios migrantes, quienes antes de llegar a la estación migratoria ya han pasado por situaciones traumáticas y se encuentran en estado muy vulnerable.

Explicó que hasta el momento la orden de no convertir las cárceles en resguardo de indocumentados ha quedado en el discurso, porque en lugares como la estación de La Ventosa (en Juchitán, Oaxaca), ésta sigue operando como prisión, además de tener instalaciones inapropiadas y ''celdas incómodas'' para el asegurado.

''Lamento mucho que nos hayan puesto más restricciones a quienes ayudamos a los migrantes. Me siento un poco lastimado porque nosotros, integrantes de la Iglesia, sólo buscamos apoyar en los derechos humanos. Si el INM considera que somos personas positivas, ellos deberían alegrarse por nuestro trabajo y no colocarnos obstáculos'', manifestó Solalinde, también asesor diocesano pastoral de Movilidad Humana.

El sacerdote aseguró que los nuevos lineamientos en política migratoria obedecen a una exigencia de Estados Unidos, pese al desacuerdo de agentes migratorios para endurecer las medidas.

''La presión de Estados Unidos es clara. Yo estoy seguro que los agentes de migración no están de acuerdo en aplicar políticas adversas (contra los indocumentados, en su mayoría provenientes de Centroamérica), pero tienen que hacerlo, porque se ven presionados por los dictados del vecino país y del propio sistema neoliberal que privilegia el tránsito de capital antes que el de las personas''.

En entrevista vía telefónica, el religioso dijo que continúan las historias de maltrato contra los indocumentados, aun cuando haya advertencias gubernamentales en sentido contrario. Admitió que ha habido avances en el área de Ixtepec (respecto de los operativos para cazar indocumentados), pero ahora el punto crítico se ha trasladado al área de Tierra Blanca, Veracruz.

''Hace poco tuvimos tres muertos en un operativo; los golpean, los lastiman. Por ello, se tiene que legislar para que en México no ocurra ese tipo de atropellos a los derechos humanos''. Solalinde dijo que no se oponen a que haya mayor control y orden en las estaciones migratorias, pero comentó que es necesario que el gobierno dé un viraje en su política en esta materia.