El 21 de mayo, fecha clave en la SCJN
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, informó al ex senador Javier Corral Jurado que a partir del próximo 21 de mayo se discutirá el recurso de inconstitucionalidad en contra de la llamada ley Televisa, presentado por legisladores de todas las fuerzas políticas en 2006.
El ex legislador se acercó ayer al ministro al concluir el acto realizado en el Palacio de Minería para instalar la comisión sobre reforma del Estado, y le pidió que lo reciba, junto con el ex senador Manuel Bartlett.
Luego de la entrevista, Corral Jurado informó que el presidente de la SCJN le informó que será el 21 de mayo próximo cuando la sala superior de ese tribunal discuta el recurso contra la ley Televisa.
El panista precisó que Ortiz Mayagoitia aceptó recibirlos. "Nosotros insistimos en que tenemos derecho a que se nos entregue el problemario en nuestra calidad de representantes comunes del grupo de senadores que presentó la acción de inconstitucionalidad. Queremos obtenerlo por la vía de la transparencia y no andar hurgando en las oficinas de la Corte".
Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, el ex senador resaltó los señalamientos que el perredistaLeonel Cota había formulado momentos antes, de que la Corte debe rechazar la ley Televisa. Si los ministros validan la legislación, advirtió Corral Jurado, se reforzará la concentración mediática y se mantendrá al principal elemento de desigualdad que caracterizó la contienda presidencial de 2006.
"Si se quiere realmente emparejar la cancha para que haya más jugadores y para mejorar las condiciones de la competencia electoral, es imprescindible abolir la ley Televisa. Es además una exigencia de la sociedad", subrayó.
Reveló que tiene información de que el problemario ya está en manos de algunos ministros, pero dijo que a los representantes de quienes presentaron el recurso de inconstitucionalidad no se les ha entregado, pese a que hace tres años la SCJN aprobó un acuerdo de transparencia para que las partes involucradas recibieran ese documento.
En ese texto, el ministro ponente analiza los distintos problemas jurídicos planteados en el proyecto de resolución, a efecto de que -en un último alegato- los interesados puedan concurrir para verificar si están bien fundamentados los elementos que sustentan la acción de inconstitucionalidad.