Otros dos grupos indagarán anomalías en ISOSA y daños causados por Pemex
Integran comisión en San Lázaro para investigar a los hijos de Marta Sahagún
La Cámara de Diputados constituyó formalmente en el pleno tres comisiones especiales investigadoras, entre ellas la que dará continuidad a las pesquisas sobre los negocios de los hijos de Marta Sahagún. Sin debate, se aprobó el nombramiento de los diez integrantes de cada una de esas entidades.
Con el voto de los pocos diputados que se encontraban en el salón de plenos, se ratificó que Convergencia presidirá la comisión que investigará a Construcciones Prácticas, la empresa de Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún; el PRD, la que indagará las irregularidades en el fideicomiso de Integradora de Servicios Operativos, SA (ISOSA), y el PRI la que estudiará los daños ecológicos causados por Petróleos Mexicanos (Pemex).
Asimismo, a pesar de que el jueves de la semana pasada el PRI retiró el dictamen que reformaba la minuta del Senado a la Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos, ayer esa bancada reculó, y para no confrontarse, decidió dejar sin cambios el documento, con el compromiso de modificar la legislación en el próximo periodo de sesiones.
De esa forma, quedó atrás la intención de los priístas de eliminar el maíz como base para la producción de bioetanol en México, y en cambio se dejó abierta la participación de la iniciativa privada en la generación de ese energético, que sería vendidos a Pemex.
Por su parte, la Comisión de la Función Pública aprobó un punto de acuerdo para pedir de nuevo al secretario de la Función Pública, Germán Martínez Cázares, que inicie un procedimiento administrativo en contra de los funcionarios públicos que dejaron pasar el tiempo para que prescribieran los delitos por irregularidades cometidas durante el rescate bancario.
El dictamen refiere que en abril de 2006 el entonces diputado Alfonso Ramírez Cuéllar presentó un punto de acuerdo para que la Función Pública sancionara a los responsables de que prescribieran -sin presentar las denuncias correspondientes- dichos delitos.
Sin embargo, añade, en noviembre del año pasado el subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad de esa dependencia, Roberto Anaya Moreno, respondió a la Cámara que "de las constancias documentales del informe integral sobre la fiscalización del rescate bancario de la Auditoría Superior de la Federación no se advierte intervención de servidores públicos".
En su dictamen, la comisión aseguró que la respuesta del subsecretario "no permite llegar a un conocimiento pleno del problema", por lo que se volvió a solicitar que se revise el caso.
Al respecto, el ex diputado Ramírez Cuéllar refirió que, aun cuando se ha comprobado que las irregularidades cometidas en el rescate bancario causaron un daño superior a 200 mil millones de pesos, el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, se ha negado a presentar las querellas contra los funcionarios involucrados en el desfalco.
"Es decir, no sólo un grupo de funcionarios dejó pasar el tiempo y prescribieron los delitos, sino también se causó un daño al erario y ello representa un costo fiscal para el país", declaró.
El auditor, dijo, está facultado para presentar las denuncias en el momento que quiera, pero siempre alegó que no hubo daño al erario y por eso sólo hizo gestiones ante la Función Pública para que se aplicaran sanciones administrativas, mas no penales.
Por su parte, durante la sesión, la diputada de Nueva Alianza Mónica Arreola presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, para que en las estaciones y programas radiofónicos y televisivos se difundan y promuevan los derechos de las niñas.
Asimismo, el pleno turnó a comisiones un punto de acuerdo, respaldado por la Junta de Coordinación Política, para exigir a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico que evalúe los casos de negligencia e informe, a la brevedad, de los resultados.