Agenda secreta: anexión y ocupación
Cuando se dio a conocer la información y luego la advertencia de Jaime Avilés sobre la intención de la diputación del PAN de derogar la Ley para Conservar la Neutralidad del País, promulgada por el presidente Lázaro Cárdenas el 10 de noviembre de 1939 (La Jornada, 21/4/04), recién concluía el coloquio Estado de excepción: EU, México, Canadá, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Ahí Michel Chossudovsky, de la Universidad de Ottawa, ofreció detalles de los esquemas de seguridad de la llamada "integración profunda de la América del Norte", que parece estar en la base de la iniciativa de los neopolkos del PAN. Es un diseño impulsado por el Foreign Relations Council (alto cabildo empresarial-bancario) y el aparato de seguridad de EU, discutido del 12 al 14 de septiembre de 2006 en una junta secreta realizada en Banff, Alberta, con el concurso de gestores empresariales, funcionarios civiles y militares y académicos de los tres países.
A pesar del sigilo, se filtraron documentos que permitieron a la prensa ofrecer algunos detalles (www.globalresearch.ca), entre ellos una lista de los asistentes y una síntesis de los "Asuntos de seguridad", en que se sintetiza "el mapa de ruta post westfaliano" que Washington ha trazado para México y Canadá por medio de la Alianza para la Prosperidad y Seguridad de la América del Norte (ASPAN), un dispositivo puesto en marcha por Bush sin aprobación legislativa y refrendado por Paul Martin, entonces primer ministro de Canadá, y Vicente Fox, en Waco, Texas, en marzo de 2005.
Como su derechista contraparte mexicana, el gobierno canadiense de Stephen Harper es adicto a Bush. Su agenda policial-militar-judicial-penal se encamina no sólo a la adopción de medidas similares a las del "Estado de excepción" de EU (Ley Patriota, de Comisiones Militares, Ley Marcial, etcétera), sino también a profundizar, en su país, la proyección de poder militar estadunidense (aéreo, marítimo y terrestre), incluyendo a las fuerzas especiales, por medio de mecanismos como el Comando Norte, establecido en 2002, y el comando aéreo (NORAD), en existencia desde la guerra fría con programas de "asistencia militar" y ejercicios conjuntos. Es un desborde castrense de Estados Unidos, que deroga, mediante la "desnacionalización" de los instrumentos para el ejercicio de la violencia legítima, la jurisdicción de los estados-nación mexicano y canadiense. Se realiza, paso a paso, bajo el concepto -y proceso- "post wesfaliano", de una "integración profunda", un eufemismo de ocupación y/o anexión que aniquila la noción de igualdad jurídica de los estados, a favor de Estados Unidos.
Bajo el pretexto de que la "guerra antiterrorista" también incluye la confrontación con entes "no-estatales", en Banff se planteó que "las amenazas que enfrentan la región estadunidense y la comunidad internacional son trasnacionales y no necesariamente calzan en el modelo clásico wesfaliano de confrontación Estado-Estado". Como a lo largo de 359 años han sido frecuentes las amenazas "no convencionales" (guerras de guerrillas, de liberación nacional, o la misma guerra de Vietnam) llama la atención esta mención, en código, del fundamentalismo "neoconservador" de EU, hostil al derecho internacional y que evoca la normatividad, elaborada desde la Paz de Wesfalia (1648), hasta nuestros días, base de la concepción de derecho internacional de igualdad jurídica entre estados soberanos. Algo de importancia mayor porque ése es el marco constitucional de la política exterior y de la Ley de Neutralidad de 1939, vital hoy para la integridad territorial de México, justo cuando EU está en estado formal de "beligerancia". Con la abrogación de esa ley se induciría la participación de México, como peón de EU, en la guerra antiterrorista que emanó del 11-9 y nos coloca como blanco de ataque. La riesgosa "derogación" se hace en el contexto inconstitucional de la ASPAN. El sesgo desleal y neopolkista es inocultable. También la intención imperialista: para Estados Unidos, en "las Américas", la "jurisdicción" de la doctrina Monroe está por encima del derecho internacional. De aquí que sea la ASPAN, un instrumento de "excepción" estatal-empresarial -por estar al margen del derecho constitucional de los tres países-, la plataforma para plantear las amenazas estatales y no estatales, por la vía de una "profunda cooperación" de las fuerzas de proyección de poder militar, que William Perry llamó "el tercer vínculo", entre los firmantes del TLCAN, ampliando el "perímetro de seguridad" de Estados Unidos, de Alaska al Suchiate.
Si las asimetrías económicas entre Estados Unidos y sus dos vecinos son profundas, en la esfera militar lo son de varios órdenes de magnitud. Ni una inconcebible amnesia histórica (¿remember 1848?) podría ocultar a Calderón y sus neopolkos los riesgos territoriales de esta iniciativa traidora a la soberanía y seguridad nacional: anular la Ley de Neutralidad facilita la proliferación de bases militares, la ocupación imperial del espacio marítimo, terrestre y aéreo de México, y el uso de nuestra población como carne de cañón en aventuras intervencionistas.
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