"Es un paso importante, aunque llega muy tarde", dicen Madres de Plaza de Mayo

Inconstitucionales, los indultos de Menem a jefes de la primera junta

Videla y Massera deberán cumplir reclusión perpetua: Cámara en lo Criminal Federal de Argentina

Es una buena decisión que sólo alcanza a dos represores, señala Liga por los Derechos del Hombre

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 25 de abril. La Cámara en lo Criminal Federal de Argentina declaró hoy inconstitucionales los indultos otorgados a los jefes de la primera junta militar, Jorge Rafael Videla (ex presidente de facto) y el ex almirante Eduardo Emilio Massera, decretados por Carlos Menem en diciembre de 1990, cuando ambos estaban condenados a reclusión perpetua en una sentencia que les fue impuesta en los históricos juicios de 1985.

Es una medida de gran importancia para este país, precisamente cuando se cumplen 30 años del comienzo heroico de la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, en abril de 1977, que con rondas ante la casa de gobierno, desafiando el terror, se convirtieron en la vanguardia de la resistencia civil que el mundo reconoce en estos días.

Para los dos sectores, Madres Fundadoras de Plaza de Mayo y la asociación que preside Hebe de Bonafini, éste es "un paso muy importante", aunque llega tarde, cuando muchos responsables de los crímenes de lesa humanidad murieron "en sus casas" y la lentitud de la justicia sigue dejando sin castigo al resto.

Con esta resolución, que puede ser apelada ante la Cámara de Casación, vuelven a tener vigencia las penas de reclusión perpetua impuestas a los ex militares en la causa 13 en que se investigaron violaciones a los derechos humanos cometidas en el tiempo que la dictadura militar argentina (1976-1983) denominó "lucha contra el terrorismo durante el Proceso de Reorganización Nacional".

Los magistrados de la Cámara consideraron que los delitos de lesa humanidad cometidos por los ex jefes militares son "insusceptibles de perdón", y de esta manera recobran vigencia las penas de reclusión perpetua que les impusieron por la causa 13, en octubre de 1985, cuando los jefes de la dictadura, que dejó 30 mil desaparecidos, fueron condenados.

La decisión se tomó por el plenario de la Cámara integrada por los jueces Eduardo Luraschi, Martín Irurzun, Gabriel Cavallo, Horacio Cattani, Eduardo Freiler y Eduardo Farah en respuesta a un recurso de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que representó el abogado Rodolfo Yanzón, y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos.

Además, los jueces entendieron que "existe obligación estatal imperativa que deriva del derecho internacional y que consiste en investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos".

Esto tenía antecentes en las salas de ese tribunal que ya había declarado la inconstitucionalidad de los dos decretos de indulto firmados por Menem, pero por primera vez se invalida una norma que benefició a condenados, ya que los anteriores casos fueron de procesados sin condena.

La resolución incidirá en la situación procesal de Videla, que en el momento de su liberación purgaba una condena de reclusión perpetua, y ahora cumple arresto domiciliario por otras causas, como el robo de niños nacidos en cautiverio y la Operación Cóndor, la coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur.

En el juicio a las juntas militares, entre abril y octubre de 1985, también fueron condenados el ex presidente de facto Roberto Viola, el ex jefe de la armada Armando Lambruschini y el ex jefe de la fuerza aérea Orlando Agosti.

Los primeros tres ya fallecieron, mientras que Massera fue declarado "inimputable" por su grave estado de salud.

La Cámara resolvió remitir las actuaciones al juzgado nacional de ejecución penal para que "se continúe con la pena privativa de la libertad que se le impuso" a Videla y Massera "en el contexto de este expediente".

Existen varias resoluciones dictadas contra los decretos de indulto en los últimos años. Una de las primeras fue en marzo de 2004, cuando el juez Rodolfo Canicoba Corral resolvió la inconstitucionalidad de dos de los 10 decretos firmados por Menem en 1989 y en 1990 que beneficiaron a más de 300 personas, entre uniformados y jefes guerrilleros.

Esta resolución afectó a seis ex integrantes del Primer Cuerpo de Ejército que fueron beneficiados por los indultos, entre ellos algunos emblemáticos como el ex jefe de esa unidad Guillermo Suárez Mason y los generales reirados Jorge Olivera Rovere y Juan Bautista Sasiaiñ, entre otros.

Fue el primer fallo contra la decisión de Menem, como también la resolución de septiembre de 2006 del juez federal Norberto Oyarbide, que anuló los indultos a los ex ministros de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y de Interior Albano Harguindeguy.

Por su parte, el juez federal Daniel Rafecas declaró en agosto de 2005 la inconstitucionalidad de cuatro indultos de Menem que beneficiaron a militares uruguayos acusados de secuestros y torturas en la última dictadura militar en el campo de concentración Automotores Orletti.

En el caso de Canicoba Corral, se basó en los argumentos de "los pactos internacionales (firmados por Argentina) que impiden la impunidad de esos delitos", y considerando lo ocurrido con las leyes de Obediencia Debida y Punto final sancionadas en 1986 y 1987 que beneficiaron a los represores condenados pero no a los comandantes militares.

Estas legislaciones de impunidad fueron definitivamente anuladas, primero por el Congreso y en 2005 por la Corte Suprema.

Derogación por vía legislativa

En junio de 2005, el jefe del ejército, general Roberto Bendini, dijo que "derogar los indultos debe ser el paso siguiente". Por su parte, el presidente Néstor Kirchner lo ha demandado en varias oportunidades después de haber impulsado con fuerza la derogación de las leyes de impunidad.

El gobierno evita una derogación por decreto y se inclina por la vía parlamentaria y de la corte, pero todo esto se va retrasando.

En 2006, el ex presidente Menem, ante el avance de la justicia, dijo desafiante que sus decretos eran "irreversibles".

Por su parte, Graciela Rosemblum, abogada de la Liga por los Derechos del Hombre, sostuvo que es una decisión muy importante aunque alcanza en este caso sólo a Videla y Massera, "pero sienta un gran precedente la declaración de inconstitucionalidad".

Agregó: "Nosotros lo valoramos diciendo que todavía el sistema judicial no ha hallado cómo resolver la lentitud de la justicia. Si el Congreso dictara la anulación sería rápido el camino a la corte, como sucedió con las leyes de impunidad, pero juicios importantes que recomenzaron con esa anulación están detenidos en (la Cámara de) Casación, donde se atrasan por las apelaciones".

La Liga por los Derechos del Hombre considera que los juicios debían ser unificados por centro clandestino de detención, donde ya hay testimonios de desapariciones y se trabajaba por área, lo que significaría tener toda la cadena de mandos y responsables y también llevar en conjunto los casos de víctimas, ex detenidos y desaparecidos en esos mismos lugares".

Hoy fue otro buen día para los derechos humanos aquí.