Editorial
Descrédito de la CNDH
Las instituciones del país viven un severo desgaste de operación, autoridad y credibilidad. El fenómeno afecta, entre otros, al Ejecutivo federal, a los organismos electorales, a las corporaciones de seguridad pública y a los aparatos de procuración e impartición de justicia. Tal erosión ocurre en forma paralela al avance de poderes fácticos que operan al margen o a contrapelo de la normatividad: organizaciones delictivas que se hacen con el control de regiones enteras del país, asociaciones religiosas que actúan como si fueran partidos políticos, grupos financieros que hacen de la evasión fiscal un negocio o que se dedican a adquirir empresas públicas saneadas para volver a quebrarlas y medrar con los "rescates" a cargo de los contribuyentes cautivos, parientes de políticos encumbrados que se enriquecen con el tráfico de influencias en su favor.
Con este telón de fondo, México padece una grave crisis de derechos humanos, profundizada por las tendencias autoritarias presentes en el grupo gobernante. Hasta el año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había sido un factor de contención y de corrección de los abusos del poder y de vigencia de las garantías individuales. Pero en las confrontaciones en Texcoco y San Salvador Atenco el organismo empezó a actuar con insuficiencia y de manera tardía. Las fallas institucionales se agravaron ante los excesos represivos cometidos por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón contra los opositores oaxaqueños. En ese caso, la respuesta de la CNDH fue tan tibia y complaciente que pasó casi inadvertida y no incidió de manera alguna en la defensa de los derechos de los afectados por la brutalidad policial y por el accionar de los cuerpos represivos del gobierno de Oaxaca.
En el episodio de la muerte de la anciana indígena Ernestina Ascensión Rosario, ocurrida hace unas semanas en la sierra Zongolica, Veracruz, la intervención de la CNDH ha sido aún más lamentable: su titular, José Luis Soberanes, se ha enfrascado en confrontaciones declarativas de tonos descalificadores contra quienes sostienen -parientes, vecinos, autoridades estatales- que antes de su muerte la anciana sufrió una brutal agresión sexual por parte de efectivos militares. El ombudsman se ha empeñado en defender la versión oficial de que Ascensión Rosario falleció a consecuencia de dolencias médicas anteriores y, por añadidura, se ha involucrado en la investigación de delitos, lo que parece escapar al ámbito de sus atribuciones.
A ojos de buena parte de la opinión pública y de la oposición política, las erráticas acciones de Soberanes en este caso no parecen una búsqueda de la verdad sino un afán de encubrimiento de los soldados a los que se atribuye la muerte de la anciana. Con estos antecedentes, resultaba inevitable la penosa situación que el titular de la CNDH hubo de enfrentar ayer en su comparecencia ante las comisiones unidas de Equidad y Género, Derechos Humanos y Justicia de la Cámara de Diputados, cuyos integrantes se rehusaron a aceptar las pruebas que Soberanes pretendía entregarles, toda vez que, le dijeron los legisladores, "no es nuestro papel hacer la valoración de las pruebas, y tampoco es el suyo".
La conclusión de los diputados de que la institución encargada de velar por el respeto a los derechos humanos en el país "no despejó las dudas" sobre el caso es compartida por gran parte de la sociedad, y ello resulta a todas luces lamentable, porque el país requiere, sobre todo en la circunstancia actual, de una CNDH fuerte, creíble y con autoridad moral.