Pese a que el INM afirma que se castiga a corruptos, la consignación de acusados es mínima

Demuestran cifras colusión oficial en trata de migrantes en la frontera sur

Barbarie en operativos y explotación sexual de menores; es un asunto terrible, advierte sacerdote

FABIOLA MARTINEZ

El alto nivel de corrupción de policías, empleados de los tres niveles de gobierno y agentes migratorios en la frontera sur queda en evidencia con el bajo porcentaje de traficantes de personas (polleros) procesados por este delito.

De enero a marzo de este año, el Instituto Nacional de Migración (INM) presentó ante el Ministerio Público Federal 353 demandas, que involucran a 527 personas; de éstas, sólo 39 han sido consignadas ante la autoridad judicial, 26 no fueron consignadas y de 462 sus expedientes "están en trámite".

Al respecto, la comisionada del INM, Cecilia Romero, asegura que ha iniciado un programa especial en este organismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación, para aplicar "sanciones ejemplares" a los corruptos, a fin "de ir limpiando en Migración los espacios que no están precisamente limpios", admitió.

No obstante, el sacerdote José Alejandro Solalinde Guerra , uno de los responsables de las actividades pastorales de apoyo a los indocumentados, advierte que la corrupción en la frontera sur es un asunto "terrible", en el que están coludidas autoridades de todos los niveles, no sólo para el tráfico de indocumentados, sino para la trata de personas.

"Usted no se puede imaginar el nivel de corrupción que existe. Aquí hablamos de barbarie en los operativos; severos tratos hacia los indocumentados, trata de personas, que resulta en prostitución con menores de edad.

"No sólo se trata de irregularidades en los operativos del INM, sino de toda la mafia que ha hecho su minita, como dicen aquí los propios centroamericanos", agregó en entrevista Solalinde Guerra, coordinador en la zona sur para las Actividades Pastorales de la Movilidad Humana.

El sacerdote, quien ha trabajado en Oaxaca y en estados colindantes con Guatemala y Belice, aseguró que desde los policías municipales hasta los gobernadores son partícipes de la corrupción, ya sea por acción u omisión.

Dijo que el fenómeno de la migración indocumentada en México -la mayoría proveniente de Guatemala, Honduras y El Salvador- se asemeja a una red para pescar, de la que todos sacan provecho; de la misma forma, a los migrantes todos les sacan provecho, lo mismo robándoles sus pertenencias que ejerciendo diversas formas de violencia en su contra, especialmente la de tipo sexual, "por lo que estamos ante una gran porosidad en la frontera sur, no sólo por el número de puntos de internación, sino por la aplicación de la ley, donde la administración de justicia no es clara ni imparcial".

Querellas

La Ley General de Población establece que los delitos de orden migratorio sólo pueden ser investigados por las agencias del Ministerio Público Federal, y toca al INM formular la querella correspondiente.

De acuerdo con un documento de ese instituto, México "ha adoptado plenamente" el protocolo de Palermo, a fin de no criminalizar a los migrantes, esto es, no interponerles cargos penales ni recluirlos en cárceles comunes, aun cuando hasta hace poco había denuncias de que espacios carcelarios eran habilitados para asegurar a los extranjeros sin papeles.

El INM asegura en un documento, elaborado en el proyecto del Programa Integral de Migración para la Frontera Sur de México, que en 2006 se interpusieron mil 569 querellas de ese tipo, las cuales involucran a 2 mil 455 personas por delitos contra la Ley General de Población y su reglamento.

Según el instituto, de las mil 569 denuncias referidas, mil 522 se formularon por tráfico de migrantes, con efectos sobre 2 mil 225 probables responsables.

En esa estadística, el organismo no detalla cuáles demandas han prosperado ante la autoridad judicial ni aclara a cuántas personas dejaron libres y cuáles casos están en trámite. Sin embargo, las cifras del primer trimestre de este año resultan en un porcentaje mínimo respecto al nivel del flujo migratorio.

Los mismos datos del Centro de Estudios Migratorios, con base en datos del INM, de la Border Patrol y encuestas de Guatemala, revelan que el año pasado, 1.6 millones de personas ingresaron a México por la frontera sur, de las cuales, 77.5 por ciento entró con papeles y 22.5 por ciento sin ellos.

De este último grupo (388 mil 194), 247 mil 658 tenían la intención de avanzar hacia Estados Unidos, y el resto está clasificado como "migración local frontera con Guatemala". En la subdivisión de la migración de tránsito hacia Estados Unidos, México detuvo a 173 mil 814 personas, y 73 mil 844 fueron capturadas por la Border Patrol; según cálculos oficiales, aproximadamente 70 mil lograron su objetivo de internarse en Estados Unidos. Es decir, el universo de indocumentados es mayúsculo en comparación con el nivel de detenciones y procesos judiciales de presuntos traficantes de personas.

La frontera sur tiene una longitud de mil 149 kilómetros, y hasta el momento operan 48 estaciones migratorias, algunas de ellas sin la infraestructura ni el personal necesarios, al grado de que nueve no cuentan siquiera con servicio telefónico.

El INM ha reiterado que dará capacitación especializada a su personal, como parte sustantiva en la "lucha frontal contra la corrupción". Prevé cursos sobre derechos humanos y primeros auxilios, entre otros, así como la aplicación de exámenes periódicos y un marco de castigos y estímulos para el personal.

"Hay sanciones ejemplares (despido inmediato contra quienes sean detectados en actos irregulare), porque los bajos salarios de los agentes migratorio no justifica que quieran completarlo con actos de corrupción", manifestó Cecilia Romero ante legisladores.

En este esquema de proyectos, la Secretaría de Gobernación alista cambios a la Ley General de Población para descriminalizar la migración indocumentada; la iniciativa se presentará al Congreso en el próximo proceso ordinario de sesiones.