Autoridades penitenciarias, principales actoras de abusos, adelanta en informe
Prevalecen extorsión y maltrato en cárceles de Chiapas, diagnostica ONG
Siete asesinatos en 14 meses
Son silenciados quienes se oponen a la corrupción
Los centros de reclusión y readaptación social en Chiapas continúan siendo lugares en los que se extorsiona, maltrata y vulnera los derechos humanos de los detenidos, con lo que se viola la normativa internacional que ha subrayado que los gobiernos están obligados a garantizar el respeto a la vida, la integridad física y mental, y la dignidad de las personas recluidas, como indica la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, asegura el Centro Fray Bartolomé de las Casas.
La ONG adelantó a este diario parte del informe sobre estas garantías en la entidad que presentará el próximo miércoles; en el documento refiere que de enero de 2006 a marzo de 2007 se han presentado siete muertes en los centros de readaptación social de la entidad, mismas que han sido encubiertas por las autoridades, por lo que esos asesinatos están impunes.
"En Chiapas los centros de detención oficiales constituyen un espacio en el que las personas detenidas dan testimonio de la violación a los derechos humanos como una práctica sistemática que, además de ejercer control irrestricto sobre las personas internas, busca silenciar las voces y acciones que se oponen a las redes de corrupción consentidas por las autoridades penitenciarias", señala el organismo chiapaneco.
Los sometimientos, humillaciones a la dignidad humana y la extorsión son las principales violaciones a los derechos humanos en las que incurren las autoridades estatales contra los encarcelados, sentencia el análisis. Agrega que "paradójicamente", quienes incurren principalmente en esas prácticas son los directores de los centros penitenciarios.
La ONG ha documentado siete muertes en penales del estado; tres en el Cereso número 14, El Amate, del municipio Cintalapa; donde además se presentan problemas como sobrepoblación, hacinamiento y la existencia de una red delictiva que "opera en complicidad con las autoridades, garantizando impunidad y corrupción con prácticas que reportan cuantiosas ganancias a costa de la vida y dignidad de quienes se encuentran internos".
El centro Fray Bartolomé agrega que las tres muertes bajo custodia que ocurrieron en el periodo analizado en esa cárcel "indican que existen nexos con miembros de la Fiscalía General del estado, quienes certifican muertes por accidentes, causas naturales o suicidios".
El informe denuncia que el principal operador de las irregularidades en El Amate es el director de ese penal, Fabrizio Maldonado Gómez, quien debido a las prácticas de extorsión se beneficia con negocios como tráfico de drogas, alcohol y prostitución que se presentan en el Cereso. Con ello "se impide dar cumplimiento a los principios de resocialización y de tratamiento integral de la persona sujeta a detención, según los estándares internacionales de derechos humanos aprobados por la OEA y la ONU y que el Estado mexicano se comprometió a cumplir".
Las otras cuatro muertes se presentaron en cárceles distritales, municipales y en un centro de tratamiento para menores infractores ubicados en Chiapa de Corzo, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Berriozábal.
"El sistema penitenciario en Chiapas da indicadores claros de la complicidad que mantienen las autoridades para que se continúen violentando los derechos fundamentales de las personas detenidas y bajo custodia." Por ello, expone la ONG, "es urgente y necesaria una revisión y transformación de los centros de detención que garanticen la vida, la integridad, el trato digno y el respeto a los derechos humanos de quienes están privados de su libertad".