Informará a las partes involucradas cómo se discutirá la acción de inconstitucionalidad

Busca la Suprema Corte evitar sospechas en el fallo sobre la llamada ley Televisa

JESUS ARANDA

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) adoptó una resolución histórica: entregar a las partes involucradas el "problemario" en el que se detalla la forma como se discutirá y resolverá la acción de inconstitucionalidad de la llamada ley Televisa; asimismo, quedó pendiente la decisión sobre la posibilidad de darle a los actores involucrados en la demanda el proyecto de dictamen elaborado por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

Fuentes de primer nivel de la SCJN confirmaron lo anterior y aseguraron que esta resolución "histórica" tiene el propósito de "transparentar" la toma de decisiones y evitar "sospechas" sobre la imparcialidad y autonomía del máximo tribunal.

Después de las diversas expresiones de actores políticos y sociales en las que se ha puesto en duda la imparcialidad de los ministros, y en razón de que se trata de uno de los asuntos más complicados y controvertidos que ha conocido el pleno en los años recientes, así como la presión adicional que representa tener como parte interesada al duopolio televisivo Televisa y Tv Azteca, el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia convocó a sus compañeros a abordar el tema en sesión privada.

Cabe señalar que de acuerdo con funcionarios consultados, la entrega del "problemario" no presentó mayor problema, y como tal se resolvió.

Sin embargo, cuando abordaron la posibilidad de darle el proyecto de dictamen a las partes involucradas y con ello que el documento lo obtuvieran de alguna manera los medios de comunicación, hubo diferencias entre los ministros.

Inclusive se dijo que uno de los principales opositores a la medida fue el propio Aguirre Anguiano, aunque otros consideraron que lo mejor que puede hacer el máximo tribunal es transparentar el proceso de resolución y que no queden dudas de la imparcialidad del fallo.

Ante la falta de consenso, el tema se abordará en una nueva sesión privada.

Cabe señalar que antes de que fuera aprobada la Ley Federal de Transparencia, el pleno de la SCJN había tomado la decisión inédita de entregarle el proyecto de resolución a las partes en conflicto en todos los asuntos que revisara el pleno y las salas de la Corte.

Se manejó en aquel entonces el mismo argumento: demostrar que la toma de una decisión forma parte de un proceso de discusión y que la decisión final de los ministros tiene una lógica jurisdiccional, que es la que respalda la determinación final.

Sin embargo, como la Ley de Transparencia establece que los funcionarios no deben dar a conocer su criterio sobre un asunto que esté en proceso de resolución, fue que los ministros tuvieron que dejar su iniciativa para otra ocasión.

Precisamente, comentaron los funcionarios consultados, el factor decisorio en este asunto será que los ministros establezcan si la Ley Federal de Transparencia aplica o no para el pleno de la Corte.

Por otra parte, entre algunos ministros causó molestia el incumplimiento del ministro instructor Aguirre Anguiano en entregarle a sus compañeros su proyecto de dictamen a más tardar el 27 de abril pasado.

Comentaron funcionarios que en sesión privada se había resuelto que Aguirre Anguiano le pasara a sus compañeros el proyecto a más tardar en esa fecha, para que éstos a su vez iniciaran en privado el estudio del mismo y estuvieran en condiciones de elaborar sus dictámenes alternos, de considerarlo necesario. Sin embargo, Aguirre se excusó simplemente con el argumento de que se los entregaría en el momento adecuado.

En otro orden, el pleno había previsto iniciar el próximo 7 de mayo la discusión de la acción de inconstitucionalidad; sin embargo, ante la necesidad de resolver esta semana unas acciones de inconstitucionalidad y el análisis posterior de las atribuciones que tiene el presidente de la República para nombrar a diversos comisionados -entre ellos el de la Comisión Federal de Telecomunicaciones-, se retrasará hasta finales de mayo.

Cabe señalar que se requiere del voto de ocho ministros para anular cualquiera de los artículos impugnados por vicios de inconstitucionalidad.