Usted está aquí: lunes 30 de abril de 2007 Capital Errónea, la postura federal de no atender abortos: expertos

En una urgencia no vale la objeción de conciencia

Errónea, la postura federal de no atender abortos: expertos

Servidores, obligados a cumplir la ley: Carrancá y Rivas

EMIR OLIVARES ALONSO

Ampliar la imagen El constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas El constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas Foto: Carlos Cisneros

El argumento de los directivos de clínicas federales en torno a negar el aborto antes de las primeras 12 semanas a las mujeres que así lo soliciten en el Distrito Federal, porque se trata de "una ley local", no es adecuado y sólo refleja "la postura de extrema ultraderecha y reaccionaria de (Juan) Molinar Horcasitas (director del Instituto Mexicano del Seguro Social), porque sólo está confundiendo las cosas ya que vivimos en un estado de derecho", aseguró el constitucionalista y profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Carrancá y Rivas.

Y agregó que la reciente ley aprobada en la que se despenaliza el aborto antes de las primeras 12 semanas en la capital del país es una ley que corresponde al espíritu laico de México. "El Estado mexicano, incluida la ciudad de México que forma parte de él, es un Estado laico; consecuentemente, lo que se ha consagrado en esta ley, nos guste o no, es un espacio de libertad para la mujer que decide abortar. Es una ley que corresponde plenamente al espíritu de nuestra Constitución en cuanto a laicismo y en cuanto a nuestra libertad de credo".

En entrevista, el investigador consideró que todo médico que labora en hospitales de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es un servidor público, por lo que de no practicar el aborto a quien lo solicite, viola la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos (LFRSP) que los obliga a cumplir de manera cabal con el servicio encomendado.

"La realidad es que hay una LFRSP que en su artículo 47, fracción primera, dice que todo servidor público tendrá la obligación de cumplir con la máxima diligencia el servicio que se les ha encomendado, abstenerse de cualquier acto u omisión causa la suspensión o deficiencia de dicho servicio. En estas condiciones la ley federal -remarcó- es muy clara: un médico, enfermera o prestador de servicios en el área de la salud es un servidor público y en tal virtud tienen la obligación de prestar sus servicios".

Sin embargo, acotó el constitucionalista, cualquier médico que demuestre que "es caballero de Colón o católico apostólico y romano" puede acudir a la objeción de conciencia para realizar dicha práctica, siempre y cuando la vida de la mujer no esté en riesgo.

"La objeción de conciencia desaparece automáticamente si la mujer llega en un estado de urgencia, imaginemos que trato de abortar por su cuenta y riesgo y no lo logró, por tanto llega sangrando y con una hemorragia, entonces no hay ninguna objeción de conciencia, es decir, tengo la responsabilidad y obligación (como médico) de atenderla urgentemente, si no la atiendo y ella resulta afectada en su salud o fallece, soy responsable de lesiones o de homicidio por dolo. Ahí no vale la objeción, porque lo obliga su responsabilidad médica", dijo.

En tanto, Jaime Cárdenas Gracia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, indicó que la postura de las autoridades federales "es equivocada" porque aunque se trate de una ley local, ésta debe extenderse a todo el territorio de la capital, así sean clínicas locales o federales.

De negarse a realizar un aborto, "las autoridades federales vulnerarían el derecho de las mujeres, es una negativa injustificada y una interpretación inadecuada porque la reforma al Código Penal del Distrito Federal debe aplicarse en todo el territorio de la ciudad, independientemente de si la clínica es local o federal. No hay fundamentos legales en la postura del IMSS y de la Ssa", señaló Cárdenas.

El profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, José Luis López Chavarría, indicó que aunque la ley del aborto ya sea derecho vigente en la capital, será complicada la aplicación, pues no descartó que grupos conservadores realicen diversas acciones para evitar los abortos. "Podrían llegar a hasta amenazas de bomba, siempre hay desquiciados; los médicos tendrían que ser incógnitos, pues podrían sufrir atentados contra su persona, la aplicación e instauración de esta práctica será complicada".

 
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