Editorial
Llamado inaceptable
El exhorto formulado ayer por la Arquidiócesis de la Ciudad de México al personal de salud del Distrito Federal a no cumplir con sus obligaciones laborales y a negarse a interrumpir embarazos -una práctica legal desde la semana pasada- es un paso más en la ofensiva lanzada por la jerarquía eclesiástica contra la despenalización del aborto, contra la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), contra el gobierno capitalino y contra la vigencia de un derecho establecido en la ley.
Si en los meses recientes el arzobispado que encabeza Norberto Rivera Carrera se involucró abiertamente en actividades políticas y pretendió invadir el ámbito de instancias legislativas, ahora, al confundir deliberadamente legalidad y moral, y al calificar de "asesinato" un procedimiento médico regular, el organismo religioso pretende arrogarse facultades para determinar lo que es lícito, y para decir a sus feligreses qué preceptos legales cumplir.
Desde luego, los dirigentes católicos están en su derecho de excomulgar a quienes deseen, e inclusive de amenazar con el infierno y la condenación eterna a los legisladores que aprobaron la despenalización del aborto, a los gobernantes que han expresado su disposición a acatar la reforma legal correspondiente, a las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos y a los médicos y al personal sanitario que participa en la práctica. Los afectados por la reacción eclesial tienen, por su parte, el derecho a creer o no en esas amenazas. Hace muchos años las católicas y los católicos que utilizan métodos de planificación familiar y de sexo seguro optaron por ignorar las prédicas medievales y supersticiosas que en esas materias realizan los jerarcas católicos. El avance de la conciencia ciudadana ha hecho posible que la gran mayoría de los feligreses haya aprendido la inconveniencia de confundir las funciones de los guías espirituales con las de médicos, sexólogos y trabajadores sociales. Esta encomiable capacidad de discernimiento explica en buena medida la muy escasa respuesta -en una sociedad que oficialmente es mayoritariamente católica- a las recientes e impertinentes convocatorias de la Arquidiócesis a movilizaciones contra la despenalización del aborto.
Sin embargo, el abierto llamado a incumplir leyes, reglamentos y obligaciones profesionales y laborales denota la voluntad del alto clero católico de colocarse en una ruta de colisión con la institucionalidad vigente en la República y con los poderes del Estado, y resulta llanamente inaceptable. Cabe recordar que el artículo 1° de la Ley de Asociaciones Religiosas establece, sin ambigüedad, que "las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país", así como que "nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes", y en el artículo 29 se establece como infracción el "oponerse a las leyes del país o a sus instituciones en reuniones públicas".
Ante semejante irresponsabilidad por parte de la jerarquía católica, la cual está obligada a cumplir con las limitaciones que le impone la legislación arriba referida, es claro que el gobierno federal, responsable por medio de la Secretaría de Gobernación de fiscalizar el comportamiento de las organizaciones religiosas, tiene ante sí el deber insoslayable y urgente de poner en alto a lo que se ha convertido en beligerancia contra las leyes por parte de los jerarcas católicos de la urbe e imponer las sanciones pertinentes. El Ejecutivo Federal debe entender que la tolerancia ante la creciente insubordinación clerical no sólo es inadmisible desde la lógica republicana que representa su investidura, sino, a fin de cuentas, política e institucionalmente suicida, porque la ambición de poder de la actual dirigencia eclesiástica no conoce límites y es preciso, por ello, marcárselos a la brevedad.