"Nos preocupa el silencio de este gobierno; mandamos mensajes y no hay respuesta"

En la impunidad, los excesos policiacos, denuncian organismos internacionales

VICTOR BALLINAS

A un año de que en San Salvador Atenco las corporaciones policiacas -del estado de México y federales- cometieron graves violaciones a los derechos humanos, que van desde homicidios, torturas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y cateos, durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, los hechos "continúan en la impunidad", sostienen Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH).

Ambas organizaciones internacionales denuncian que a un año de los hechos, apenas "unos pocos policías han sido sancionados por la vía administrativa. Hasta hoy no se han realizado acusaciones formales contra los responsables de los homicidios de los jóvenes Francisco Javier Ortiz Santiago y Ollín Alexis Benhumea, y tampoco se ha hecho justicia contra los abusos sexuales y violación de mujeres".

La presidenta de Amnistía Internacional, sección México, Liliana Velásquez, manifestó que "vemos con preocupación las serias irregularidades en los procesos penales que se adelantan en contra de decenas de personas acusadas de haber participado en esos hechos de violencia".

Abundó que el caso de la indígena mazahua Magdalena García Durán "es emblemático, porque a pesar de la falta de evidencia en su contra y con base en una serie de violaciones al debido proceso y al derecho a un juicio justo, se le mantiene en prisión. Ella ha sido adoptada por AI como presa de conciencia".

Liliana Velásquez resaltó que "a un año de estos aberrantes sucesos no tenemos nada bueno que decir, como en tantos otros casos nos hemos dado cuenta de que no se ha hecho justicia; los responsables no han sido llamados a cuentas, y en cambio vemos cómo a las personas detenidas se les realizan procesos sin acceso a juicios justos. En todos los casos hemos demandado acción clara de las autoridades, pero nos preocupa el silencio de este gobierno -el de Felipe Calderón- sobre el caso. Le hemos mandado mensajes y no tenemos respuesta. El gran reto es acabar con la impunidad".

En tanto, la CCIODH denunció que a un año de ocurridas estas graves violaciones a los derechos humanos, no se ha hecho justicia. A pesar de la denuncia presentada por 14 mujeres ante la Procuraduría General de Justicia del estado de México por abusos y violación sexual, hasta el momento sólo se ha procesado a un policía por el delito de "actos libidinosos", pero está pendiente su sentencia.

En el caso de las cinco personas extranjeras expulsadas, permanece la sanción mediante la cual se les prohíbe el regreso a México a pesar de las evidentes irregularidades cometidas en el proceso de repatriación por las autoridades migratorias.

La CCIODH subraya que está pendiente el cumplimiento de la recomendación que por el caso emitió la Comisión Nacional los de Derechos Humanos, pero también las recomendaciones de Amnistía Internacional y las de la propia comisión civil.