Gobernación bloquea expedientes de 60 de esos centros
El IFAI intenta que se abran reportes sobre casas de apuestas
En sesión pública, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) determinó denunciar ante el Organo Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Gobernación (SG) la intención de la dependencia de reservar por seis años información sobre la ubicación de 30 centros de apuestas remotas y 30 salas de sorteos de números, autorizados en 2005, debido a que el solicitante de esos datos se inconformó ante el instituto.
Además, por unanimidad, los comisionados del IFAI ordenaron a Gobernación la entrega de los datos requeridos, especificando la ubicación exacta de esos centros y las salas autorizadas en el permiso DGAJS/SCEVF/P-06/2005, incluyendo cualquier otro documento relacionado con esa información.
Durante la discusión del proyecto 1056/07, la comisionada María Marván, responsable del mismo, destacó que la SG reservó la información a partir de marzo pasado, por el hecho de que "existe un recurso seguido en forma de juicio, que es el mismo que se está resolviendo en este momento".
La situación se consideró inadmisible y sin precedente. Por ello, los comisionados determinaron presentar ante el OIC , dependiente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la denuncia respectiva para que administrativamente se proceda contra los funcionarios responsables.
En otro caso en que se abordó la negativa de la Función Pública a entregar documentos sobre un eventual conflicto de interés del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de esa dependencia, Moisés Herrera, el pleno del instituto determinó orientar al ciudadano para que interponga una denuncia ante el OIC, dada la respuesta de la dependencia.
Cabe destacar que la comisionada Jacqueline Peschard se abstuvo de participar en el debate y votar la resolución, por tratarse de familiares de ella, según asentó por escrito.
Se trata del proyecto 608/07, mediante el cual se pidió un listado de los asuntos que trató Herrera al frente de esa Unidad y de la Dirección General Adjunta de Legislación y Consulta de la SFP, vinculados con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el gasto de recursos públicos.
También se pidieron documentos que constaten que, por ley, Herrera se abstuvo de intervenir, por conflicto de interés, en asuntos tratados por su esposa, María de la Luz Ruiz Mariscal, oficial mayor de la SCT, quien participó en la contratación en esa dependencia de una de las sobrinas de Pedro Cerisola, titular de la secretaría.