Acuartelan en Jalapa a los médicos involucrados
Ordenan "ley mordaza" en Veracruz por el caso Ascensión
Veracruz, Ver., 2 de mayo. Para no contradecir al mandatario estatal Fidel Herrera ni facilitar a la prensa datos que abunden en la controversia, el gobierno de Veracruz ordenó a todos los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) -entre ellos el titular, Emeterio López, los médicos legistas que participaron en las autopsias hechas al cadáver de Ernestina Ascensión Rosario y el fiscal especial para el caso, Juan Alatriste Gómez- no conceder entrevistas a los medios informativos sobre el veredicto emitido por el Ministerio Público sobre la muerte de la anciana.
Fuentes de la procuraduría veracruzana, que pidieron no ser identificadas, señalaron que en especial los tres médicos legistas: María Catalina Rodríguez, Pablo Mendizábal e Ignacio Gutiérrez Vázquez, quienes aseguraban tener pruebas sobre la violación sexual de la anciana y la existencia de un homicidio, "prácticamente fueron acuartelados" en la ciudad de Jalapa para no ser localizados por los reporteros.
Desde la tarde del pasado lunes, la oficina del fiscal especial Juan Alatriste Gómez, en la ciudad de Orizaba, se encuentra sin servicio y sus ayudantes afirman que el funcionario "permanece en Jalapa en reuniones con el procurador".
Pese a que también se intentó localizar a los médicos Pablo Mendizábal e Ignacio Gutiérrez, ambos se negaron a conceder entrevistas. Mendizábal fue el encargado de practicar la primera revisión al cuerpo de Ernestina Ascensión Rosario, el 26 de febrero pasado, cuando falleció en el Hospital Regional de Río Blanco, y firmó el parte médico de defunción en el cual se especificaba como "muerte violenta-mecánica", además de asentar que el cuerpo presentaba "fractura craneoencefálica, de cervicales y costillas".
En tanto, Gutiérrez Vázquez estuvo a cargo de la segunda necropsia practicada el 9 de marzo en el cementerio del poblado de Tetlatzinga, donde fue exhumado el cadáver, y afirmó que las pruebas de laboratorio arrojaron la presencia en la región anal y vaginal de fosfatasa acida prostática (FAP) y Proteína P30, que únicamente son producidas en la próstata del varón.
"Entonces tenemos que sí hubo un ilícito, el abuso sexual que ya está corroborado y consta en los expedientes del Ministerio Público", aseguró el galeno a La Jornada el pasado 20 de abril.
"La orden fue no hablar, lo tienen prohibido, en especial estos médicos, es orden directa del gobernador", confiaron las fuentes de la PGJE.
Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Noemí Quirasco Hernández, sostuvo que independientemente del fallo emitido por el Ministerio Público sobre el caso de la anciana fallecida, por su experiencia profesional, conserva la impresión original que daba credibilidad a las últimas palabras de la indígena trasmitidas a sus hijo sobre el ataque sexual que aparentemente sufrió por parte de un grupo de soldados.
Sin embargo, en entrevista telefónica sostuvo que "oficialmente" no puede opinar del caso, aunque rechazó que se le haya impuesto la "ley mordaza".
"Ya estoy demasiado grande y con la experiencia suficiente para dejarme callar", comentó.
En tanto, de manera sigilosa, los cinco hijos de la anciana Ernestina Ascensión Rosario fueron trasladados por personal del gobierno del estado desde Soledad Atzompa a la ciudad de Boca del Río, donde se reunieron en privado con el gobernador Fidel Herrera y funcionarios de la PGJE.
La reunión, que originalmente estaba programada en Jalapa, se dio la mañana de este miércoles, previo a que Herrera Beltrán acudiera al municipio de Mecayapan para acompañar al presidente Felipe Calderón Hinojosa.