La cifra real podría llegar a 5 mil, afirma dirigente

Al menos mil 500 muertes, el legado de Anaversa en 16 años

ANDRES T. MORALES CORRESPONSAL

Veracruz, Ver., 2 de mayo. A 16 años de una explosión en la fábrica de pesticidas y fertilizantes Agricultura Nacional de Veracruz (Anaversa), se han documentado mil 500 fallecimientos en Córdoba a consecuencia de diversois tipos de cáncer provocados por el contacto con dioxinas que se generaron por la mezcla y combustión de químicos que se almacenaban en dicha planta.

Esta cifra es conservadora, sostuvo la presidenta de la Asociación de Enfermos y Afectados de Anaversa, Rosalinda Huerta Rivadeneyra, pues sólo corresponde al padrón documentado por ese organismo, y no descartó que el número de decesos supere 5 mil personas.

Este 3 de mayo se cumple un año más de uno de los peores desastres químicos del continente.

Un grupo de cordobeses, familiares y vecinos de las víctimas, exigió la reapertura del expediente, integrado por diversas instancias federales en 1991, para sancionar a los responsables.

''Nadie fue castigado. Nadie está en la cárcel y nunca hubo justicia para las víctimas'', acusó Huerta Rivadeneyra.

En entrevista, Rosalinda Huerta recordó que un cortocircuito en la planta -ubicada en la prolongación de la avenida 11 de Córdoba- causó una explosión, el derrame y la combustión de miles de litros de químicos usados para fabricar fertilizantes y pesticidas.

Según el inventario obtenido por la Asociación de Enfermos y Afectados de Anaversa, al momento del accidente se mezclaron, quemaron y esparcieron al menos 18 mil litros de paratión metílico, 8 mil litros de paraquat, mil 500 litros de pentaclorofeno y 3 mil litros de 2.4D, plaguicidas de alta toxicidad para entonces prohibidos en Europa y Estados Unidos.

Refirió que un estudio realizado por peritos de la empresa Chemical Waste Management (administración de desechos químicos, en inglés) indicó que la combinación de esos químicos formó dioxinas de largo efecto, con elementos organoclorados que contaminaron la zona (al menos 20 colonias) y a los habitantes que tuvieron contacto con los vapores y el humo tóxicos. Además, los químicos se infiltraron en los mantos freáticos.

''Después vinieron las secuelas de largo plazo: prolongadas agonías, muertes, y la indiferencia gubernamental para atender a los enfermos'', expuso Huerta.

Desde julio de 1991, dos meses después de la explosión, la asociación comenzó a levantar un padrón de habitantes de la región que tuvieron contacto con las dioxinas. A la fecha mil 500 han perecido por cáncer.

''Es una cifra muy conservadora, sólo de los casos que pudimos documentar y a los que dimos seguimiento, pero el número se quintuplica: no menos de 5 mil personas habrían corrido la misma suerte, pero fueron muertes silenciosas, sin asistencia médica e ignoradas'', sostuvo.

Entre los padecimientos reportados entre la comunidad destacan linfomas de Hodgkin, aplasia medular, neuropatía lúpica, leucemia linfoblástica y tumores cancerígenos en pulmón, ojos, cuello, garganta, riñón, hígado y garganta, ''sin contar con las secuelas genéticas, como niños nacidos con espina bífida, anencefalia (sin masa cerebral) y daños neurológicos'', abundó.

Luego de pagar una multa de 119 mil pesos por los daños, los dueños de Anaversa, Luis Javier y Alfonso Quijano, cobraron una póliza por 700 mil pesos de la firma Seguros Zurich-Chapultepec y cambiaron la fábrica al municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, con el nombre de Dragón (también conocida como Compañía Maquiladora de Polvos).

Huerta Rivadeneyra dijo que, a 16 años de la tragedia, tampoco se ha cumplido la recomendación 99/91 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dirigida al entonces secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Patricio Chirinos Calero (posteriormente gobernador de Veracruz), y a Jesús Kumate, ex secretario de Salud.

''La recomendación pedía investigar la entrega de licencias de operación para Anaversa, que no cumplía las normas de seguridad indispensables; levantar un censo de personas afectadas y realizar monitoreos epidemiológicos. Nada se cumplió'', acota.

El primero de junio, anticipó la activista, se realizará un foro en la ciudad de Córdoba para hacer una petición formal a fin de que se reabra el expediente y se realicen nuevos análisis de contaminación y monitoreo epidemiológico entre los pobladores.

"La contaminación sigue. La vida activa de las dioxinas no es inferior a 50 años. Debe retomarse el caso para hacer justicia'', dijo la activista, quien anunció que la solicitud de reabrir el expediente de Anaversa también será enviada a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que en 1999 inició la documentación del caso, pero quedó inconclusa.