"Revancha del Estado", condena a atenquenses
La sentencia a 67 años de prisión contra Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo, líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), es un acto de "revancha" del Estado mexicano contra los movimientos sociales que demuestran la política de criminalizar la protesta social, además de que significa "un atentado contra la inteligencia del pueblo mexicano", aseguraron defensores de las garantías individuales.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y del comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra, aseguró que la sentencia contra Del Valle y sus compañeros "es una vergüenza, algo terrible, que tiene por objetivo silenciar la exigencia del pueblo de libertad y justicia".
La legisladora perredista aseguró que la decisión del juez de Toluca "atenta contra la capacidad de raciocinio" de la sociedad, por lo que aunque el movimiento del FPDT no ha dejado de estar activo, con ello comenzará una mayor movilización.
Por separado, Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, aseguró que el Estado mexicano "es discrecional con la aplicación de la justicia, pues es implacable con unos, pero a otros (como los policías que agredieron a los pobladores de Atenco) se les deja sólo con faltas administrativas".
Aseguró que Ignacio del Valle y sus compañeros cuentan con otros medios para apelar la sentencia, pero consideró que será complicado, debido a que es la propia justicia del estado de México la que acusa y juzga a los líderes sociales.
Proceso plagado de irregularidades
Dijo que un ejemplo de la discrecionalidad de la ley es que el proceso contra los detenidos a raíz de los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco "está plagado de irregularidades".
Por su parte, Luis Arturo Macías, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aseguró que es preocupante que la sentencia contra los líderes del FPDT se emita justo en el aniversario de la represión en Atenco, "pues con esto se da un mensaje de revancha en contra de ese pueblo".
Consideró que aunque las autoridades busquen hacer creer lo contrario, se trata de "presos políticos que quieren detener a como dé lugar por el papel que han jugado dentro del movimiento". Añadió que su detención, proceso y sentencia tienen más fines políticos que conductas delictivas, aunque subrayó que aún tienen posibilidad de apelar la sentencia y esperar "verdadera justicia".
Para Javier Enríquez, director del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, la sentencia contra los líderes campesinos encerrados en el penal de máxima seguridad el Altiplano, "era algo previsible en un Estado que se caracteriza por la represión y criminalización de las movilizaciones sociales".
Consideró una "exageración" y un "abuso de autoridad" la sentencia de 67 años de prisión contra Del Valle, Alvarez y Galindo que dictó el juez estatal.