Critican ONG el uso del Ejército contra el narco
La política del presidente Felipe Calderón Hinojosa para utilizar al Ejército Mexicano en el combate al crimen organizado "sólo está generando agresiones y muertes innecesarias en ambos bandos", como sucedió la semana pasada en varios municipios de Michoacán, cuando elementos militares y de las fuerzas federales irrumpieron en varios poblados para detener a los presuntos responsables de emboscar al 12 Batallón de Infantería, aseguraron defensores de derechos humanos.
Luis Arturo Macías, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que es "una falacia" intentar detener el narcotráfico "mediante medidas autoritarias que generan un estado de excepción", como son las que actualmente aplica la administración federal.
El activista advirtió que los operativos militares para detener el narcotráfico son "ilegales", y en la mayoría de los casos atentan contra las garantías fundamentales debido a que los elementos del Ejército no están capacitados para el cuidado y respeto de esas garantías.
Señaló que pese al discurso de efectividad de dichos operativos implementados en todo el país, exacerbado por el presidente Calderón, los logros no son los esperados, por lo que existe un contraste entre discurso y objetivos.
Macías indicó que es un acierto que la comunidad del municipio de Carácuaro, Michoacán, y otros ayuntamientos hayan levantado quejas ante las comisiones nacional y estatal de derechos humanos, al sentir vulneradas sus garantías, porque con ello, señaló, queda un ejemplo de que el ciudadano debe velar por sus derechos ante este tipo de acontecimientos.
"Estado de excepción sin un control debido"
En entrevista por separado, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, denunció que los operativos del gobierno federal generan "una especie de estado de excepción sin un control debido, por lo que es responsabilidad de las autoridades estar pendientes de que no se vulneren los derechos de los ciudadanos".
Expresó que, de no existir dicho control, regularmente los militares caen en excesos y violaciones a las garantías fundamentales.
Recordó que cuando iniciaron los operativos, organizaciones civiles, nacionales e internacionales advirtieron de los riesgos que podría atraer la utilización del Ejército en tareas de seguridad pública. Agregó que a cinco meses de la implantación de estos operativos "estos ya están llegando al límite (de violaciones a los derechos humanos) que no se esperaba".
Ambos activistas coincidieron en que para combatir el crimen organizado, más que acciones militares violentas, la administración calderonista debe instaurar operativos de inteligencia, amén de dar prioridad a la inversión de las políticas sociales para generar empleos, mejores condiciones en la educación, la salud y el campo.