MEDIO AMBIENTE
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Proyectos de carbono, negocio riesgoso
La reciente fiebre ecológica promete a los inversionistas ganancias fáciles en proyectos para reducir las emisiones de bióxido de carbono. La realidad es muy diferente: muchos de estos negocios son altamente riesgosos.
El fracaso de numerosos proyectos, el optimismo excesivo de sus promotores y una tendencia a exagerar la supuesta utilidad práctica de estas propuestas permiten prever que entre 40 y 50 por ciento de los llamados bonos de carbono -un mecanismo de incentivos previsto en el Protocolo de Kyoto- jamás serán entregados, según operadores de mercado.
Tom Frost, analista de Numis Securities, calcula que alrededor de la mitad de los créditos no se aprobará.
Las normas de Kyoto señalan que los proyectos que cumplan los requisitos deben obtener una certificación de la Junta Ejecutiva del Mecanismo para el Desarrollo Limpio (CDM, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En Bonn, en los majestuosos edificios a la orilla del río Rin donde se elaboró el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, ese organismo de la ONU revisa minuciosamente las solicitudes.
Funcionarios de la ONU señalan que los desarrolladores tienden a sobrestimar el monto de los créditos que generarán sus proyectos, en parte porque suponen -erróneamente- que las sumas que anotan en las solicitudes son un tope máximo. De hecho, los solicitantes pueden pedir créditos extra si se comprueba la reducción adicional de emisiones. Otros proyectos se posponen indefinidamente o son abandonados.
Por ejemplo, el Financial Times visitó la Universidad de Río de Janeiro para conocer un proyecto de generación de energía a partir de desechos, el cual se inició hace siete años.
"Hemos tenido muchos retrasos y problemas; los compradores (de créditos de carbono) se nos acercaron mucho antes de que estuviéramos listos para vender", señaló Henrique Saraiva, director ejecutivo de UsinaVerde. Explicó que el principal problema fue asociarse con empresas de ingeniería. Dos firmas trabajaron en el proyecto, pero se retiraron y UsinaVerde finalmente llegó a un arreglo con una compañía más pequeña.
El programa piloto fue monitoreado por Bureau Veritas Quality International, una firma de certificación con oficinas centrales en París. Los bonos de reducción voluntaria de emisiones deberán de estar a la venta a finales de mayo, tres años después de que la unidad piloto inició operaciones. Si el proyecto recibe apoyo de gobiernos municipales y se reproduce a una escala más amplia, la ONU podría otorgar a las plantas certificados de reducción de emisiones.
En octubre de 2005, firmas brasileñas certificaron la tecnología de UsinaVerde como mecanismo de desarrollo limpio.
Otro proyecto para instalar celdas solares en Sudáfrica, con el cual la organización altruista alemana Atmosfair esperaba obtener créditos de la ONU, parece haberse pospuesto indefinidamente porque Ciudad del Cabo ha enfrentado problemas para conseguir financiamiento.
Sin embargo, Naciones Unidas sostiene que sus procedimientos -criticados por ser largos, burocráticos y costosos- han producido créditos de carbono con altos estándares de confiabilidad. Las notas de crédito avaladas por la ONU se venden a un precio 25 por ciento mayor al de bonos similares del mercado voluntario no regulado.
La Junta Ejecutiva devuelve los proyectos a los desarrolladores si detecta evidencias de fraude, conductas ilícitas o inviabilidad. Funcionarios de la ONU señalaron que para finales de marzo 570 proyectos habían sido aprobados y sólo 14 fueron devueltos, todos por inviabilidad. Atribuyeron esta baja tasa de fracasos a lo estricto del proceso. "Si eres deshonesto, es menos probable que presentes una solicitud con base en las reglas del Mecanismo para el Desarrollo Limpio", puntualizó uno de los entrevistados.
Compraventa de emisiones
Según escribe Gernot Wagner, la idea de la compraventa de emisiones fue planteada hace más de un siglo por Alfred Marshall, un economista británico, y Henry George, un colega estadunidense. Ambos sostienen que una buena forma de proteger el medio ambiente es otorgar derechos de propiedad sobre éste.
A menos que alguien sea propietario del medio ambiente, contaminarlo no tiene costo alguno, en ausencia de regulación estatal. Desde luego, los gobiernos pueden intervenir y simplemente declarar ilegal la contaminación. Y con frecuencia lo hacen.
En los años 60 los economistas Thomas Crocker, de la Universidad de Wyoming, y John Dales, de la Universidad de Toronto, retomaron esta idea.
Ambos coinciden en afirmar que es antieconómico imponer a todas las personas los mismos límites fijos para contaminar, aunque ello parezca justo. Por ello, aplicar topes y permitir que los individuos intercambien sus diferenciales en mercados de emisiones es una mejor forma de proteger el ambiente a un menor costo.
FUENTE: EIU
Traducción de texto: David Zúñiga