Impedirá la filtración de agua a territorio nacional, dicen
Apatía federal ante revestimiento del canal Todo Americano: labriegos de BC
Mexicali, BC., 7 de mayo. Agricultores bajacalifornianos protestaron por la inacción del gobierno de México ante la decisión de su homólogo estadunidense de revestir con cemento el canal Todo Americano, y construir otro paralelo que cancelará la dotación de agua a territorio mexicano mediante filtraciones.
Integrantes de la Central Campesina Independiente (CCI) marcharon por más de 10 kilómetros hasta las instalaciones de la delegación local de la Secretaría de Relaciones Exteriores y concluyeron sus protestas en la Garita Internacional Mexicali-Caléxico.
Los manifestantes entregaron un documento a la delegación federal que, a su vez, deberá hacer llegar a las oficinas centrales de la cancillería mexicana. En la carta, los agricultores advierten que el gobierno mantiene una actuación nula ante la administración de Bush para tratar este asunto, que afectará no sólo a Mexicali y a Baja California, sino a todo el país.
El dirigente nacional de la CCI, Rafael Galindo Jaime, comentó que el objetivo de la movilización es llamar la atención de las autoridades federales por su inacción en un tema prioritario que ni siquiera se encuentra en las agendas binacionales.
Los 60 ceceístas hicieron un alto en la oficina de la SRE para entregar el documento a la subdelegada Irma Hortensia López, a quien expresaron que es necesario que se conozca la forma en que les afectará el revestimiento del canal Todo Americano.
Con la construcción de este canal en la década de los 40, se reciben anualmente 80 millones de metros cúbicos de agua producto de filtraciones del cauce.
La decisión del gobierno de George W. Bush de edificar un canal paralelo traerá consigo la cancelación de este recurso, por lo que empresarios locales -por medio del Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali- optaron en 2006 de interponer un amparo ante un corte federal en Las Vegas, Nevada, para impedir esa obra que, inclusive, se encontraba en proceso de licitación.
Sin embargo, la resolución judicial podría darse en breve, por lo que organizaciones sociales han exigido al gobierno federal sumarse a este esfuerzo para defender el agua que llega a la frontera.