Pedirá el PRD revocar sentencia de atenquenses
El PRD presentará hoy un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente solicite al Tribunal Superior de Justicia del estado de México que "revoque la criminal e inconstitucional sentencia" de 67 años de cárcel que impuso el juez primero penal de Toluca, José Blas Hernández, a los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco: Ignacio del Valle Medina, Felipe Alvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicua.
El planteamiento incluye un exhorto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que, en cumplimiento estricto de sus atribuciones, vele por el puntual respeto a las garantías de los tres líderes y demás detenidos en Atenco.
La libertad de ellos es pertinente, explicó el diputado José Antonio Almazán, quien presentará el punto de acuerdo, porque "son presos políticos cuyo único delito es haber encabezado la lucha que permitió al pueblo de San Salvador Atenco mantener sus tierras de cultivo, en contra de los interesados en hacer su gran negocio con la construcción del aeropuerto".
La sentencia, dijo, es criminal e inconstitucional y "se trata de un acto de venganza por el histórico triunfo que el pueblo de Atenco obtuvo contra los negociantes y políticos corruptos que pretendían construir una nueva terminal aérea sobre las tierras comunales y la dignidad de sus pobladores".
En conferencia de prensa, el legislador perredista difundió su propuesta y resaltó que la sentencia ratifica la política del gobierno federal y del estado de México, "que buscan por todos los medios criminalizar las luchas populares que se realizan en ejercicio de las garantías individuales".
Además, declaró que se trata de un mensaje a los luchadores sociales y anticipó un "incremento en el índice de detención" de personas que han participado en protestas y movimientos, sobre todo en los casos de quienes las órdenes de aprehensión siguen vigentes.
El vocero de la diputación perredista, Luis Sánchez, explicó que si bien en el estado de México la legislación equipara la retención de personas con el secuestro, esto se refiere a los denominados secuestros exprés, y aún en el caso de delincuentes que lo han cometido, no se les aplicó una condena similar a los líderes de Atenco.