Aparentemente fueron cortados los birlos a una llanta de la camioneta en que viajaba
Lydia Cacho denuncia atentado en su contra; lo imputa al pederasta Succar
Los abogados del empresario también podrían ser responsables, según la escritora
De acuerdo con expertos, no se trató de una falla mecánica, sino de algo intencionado
Una tarde de noviembre de 2003, cuando Lydia Cacho ya había escrito sus primeros reportajes sobre el caso de las niñas que eran llevadas con engaños a los condominios Sol y Mar, en Cancún, donde eran objeto de abusos sexuales por el pederasta Jean Succar Kuri y sus clientes, la recepcionista de la revista Cancunísimo, que ella dirigía, respondió una llamada. Un hombre quería hablar con la directora. Se identificó: "Jean Succar".
Cuando la periodista tomó la llamada, la voz espetó: "Pinche vieja, no te metas en mi vida. Si te sigues metiendo te van a matar".
Cacho no tenía ni idea, en ese entonces, de la extensión ni del poder de la red delincuencial que empezaba a develar con su trabajo periodístico. Pero familiarizada con los problemas de violencia y derechos humanos, optó por la vía de exponer la amenaza telefónica ante las autoridades judiciales y levantó una denuncia de hechos en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Cancún.
Al poco tiempo fue llamada a ratificar la demanda ya no ante la PGR, sino ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), lo que daba al caso un carácter relacionado con bandas criminales.
Esa fue la amenaza inicial y la primera de una serie de denuncias penales correspondientes que hasta la fecha se empolvan en algún cajón del Ministerio Público.
Después escribió el libro Los demonios del Edén (abril de 2005) y padeció las consecuencias ampliamente conocidas: la demanda por difamación del protector de Succar Kuri, Kamel Nacif; su arresto, las amenazas de violación dentro del penal de Puebla, las grabaciones en las cuales se trama la conjura en su contra entre Nacif y el gobernador Mario Marín.
El miércoles 2 de mayo la escritora volvió a escuchar una amenaza en boca de Jean Succar, pero esta vez no a través de un teléfono, sino de viva voz.
"Te voy a acabar"
"Te voy a acabar", le dijo el procesado por delitos de corrupción de menores, violación y delincuencia organizada. El permanecía detrás de la rejilla en una sala de audiencias en el penal de La Palma, estado de México. La diligencia, lenta y tortuosa, había al fin concluido después de casi 13 horas.
El juez se había retirado sin despedirse y los comparecientes y sus defensores sólo esperaban que salieran las impresiones del acta para firmar y retirarse.
Lydia Cacho se acercó al escritorio donde estaba la computadora. Al verla cerca, el abogado de Kuri, Wenceslao Cisneros, alzó la voz, dirigiéndose a su cliente: "Quiero que la demandes por usurpadora; ni siquiera es periodista".
Entonces el presunto pederasta, alias Johnny, la miró de frente y en voz muy alta le advirtió: "Te voy a acabar". Todos los presentes en la sala lo escucharon.
El lunes al mediodía, Lydia volvió a recordar el escalofrío que la sacudió después de la amenaza telefónica de Jean Succar tres años atrás.
Regresaba de Ciudad Juárez, adonde asistió a la feria del libro. En el aeropuerto la esperaba una camioneta Suburban, color morado, placas 752 RVC del Distrito Federal, modelo 1998, que le fue asignada por la propia PGR como parte de las medidas cautelares que la protegen desde que, en febrero de 2005, fue excarcelada después de su arresto por policías poblanos en Cancún en lo que, según la demanda que analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue una conspiración extralegal entre el gobernador Marín y el empresario Kamel Nacif, el rey de la mezclilla, protector del presunto pederasta Kuri.
En el aeropuerto, con el vehículo listo, la esperaba un agente de la PGR, Arturo Mariano Contreras, quien hizo entrega de las llaves de la camioneta a los tres escoltas de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que venían con ella desde Ciudad Juárez: Mauricio Urquiza Rodríguez, José Luis Martínez Salazar y su inseparable guardaespaldas, Jessica Nuño Ruiz. Iban con ella su compañero, Jorge Zepeda Pa-tterson, y Alejandro Páez, ambos periodistas, así como el escritor Rafael Pérez Gay (Revista Nexos) y su esposa, a quienes ofrecieron un aventón.
Según la normatividad de la PGR, los vehículos asignados a personas con medidas cautelares no pueden ser usados por nadie más, de modo que el viernes 5 de mayo, cuando viajó a Ciudad Juárez, sus escoltas dejaron la camioneta en manos de un agente de la procuraduría en el aeropuerto. Desde ese momento, la dependencia fue responsable de resguardar el vehículo. El agente Contreras fue el último de esta cadena.
Este lunes, ya de regreso, el agente Mauricio Urquiza tomó el volante de la camioneta y a los cinco minutos de trayecto ésta empezó a sacudirse de manera violenta e inusual cuando el conductor entraba al Viaducto, a la altura del Circuito Interior. Urquiza logró detenerse a tiempo. Bajó a revisar lo que había sucedido, y al tocar la llanta trasera del lado derecho, tres de los cuatro birlos que la aseguran cayeron en su mano. La llanta, suelta, estaba a punto de salirse de su eje. Los tres birlos habían sido limados. Según anticiparon los propios agentes de la AFI, todo parecía el montaje para un accidente provocado. De haber perdido la llanta a mediana velocidad, la Suburban habría volcado, comentaron.
Los pasajeros de la camioneta detuvieron dos taxis y cada grupo se dirigió a su destino. Al llegar a su casa en el Distrito Federal, Lydia Cacho se comunicó de inmediato con el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos. "Doña Lydia -le dijo el jefe policiaco-, esas amenazas hay que tomarlas muy en serio. Le pido que inmediatamente acuda a denunciar lo sucedido".
Eso fue lo que hizo ayer por la mañana, acompañada por el responsable del área de casos contra periodistas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Luis Raúl González.
Lydia Cacho acusó a quienes resulten responsables de "homicidio en grado de tentativa", señalando como presuntos autores a Succar Kuri y a su abogado, Wenceslao Cisneros, entre otros. Este último se inconformó y emitió un extrañamiento, al verificar que la PGR no le ha dado curso a ninguna investigación sobre las sucesivas amenazas contra Lydia Cacho y ni siquiera ha abierto la averiguación previa correspondiente.