Riesgoso, que Presidencia y Sedena ofrezcan impunidad a implicados en caso Castaños
El gobierno federal busca que se exonere a soldados acusados de violación: Vera
"Por órdenes de arriba se han desvanecido acusaciones, igual que en Zongolica", asegura
Saltillo, Coah. 8 de mayo. En su trato hacia los militares que el 11 de julio violaron a 13 mujeres en un cabaret del municipio coahuilense de Castaños, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) "tuvo un cambio notable de conducta después del primero de diciembre, cuando el nuevo gobierno federal empezó a buscar la exoneración de los soldados presos", afirma el obispo de Saltillo, Raúl Vera López.
En la segunda parte de la entrevista que concedió a este diario, el prelado insiste en el "peligro social" que representa el hecho de que tanto la Presidencia de la República como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Sedena ofrezcan "impunidad a los miembros de las fuerzas armadas que cometen delitos" porque, apunta, "eso crea un enorme riesgo para todo el país".
El obispo sintetiza: "Es necesario mirar juntos los casos de Zongolica y Castaños, porque en ambos se busca encubrir a integrantes del Ejército, que en el primer caso provocaron la muerte de una anciana indígena y en el otro agredieron física y sicológicamente a 13 mujeres jóvenes e indefensas. Creo que no es conveniente separar estos dos hechos, porque en ambos está la voluntad gubernamental de exculpar a los responsables y decirles que en México las fuerzas armadas pueden hacer lo que quieran en contra de la sociedad civil".
-¿En qué advierte ese cambio de actitud que menciona?
-Cuando se conocieron los hechos de Castaños, la Sedena ordenó que los soldados involucrados fueran investigados por autoridades civiles. El procurador de Coahuila, Jesús Torres Charles, inició la averiguación previa correspondiente y el Ejército quitó al jefe de la zona militar.
El obispo se refiere al general de brigada Rubén Venzor Arellano, diplomado del Estado Mayor Presidencial, quien era el comandante de la sexta zona militar y fue destituido por tolerar que personal de servicio a su mando abandonara su puesto y participara, en estado de ebriedad, en los inaceptables acontecimientos del 11 de julio de 2006.
-Sin embargo -añade monseñor Vera López-, después del cambio de poderes federales, en diciembre, la Secretaría de la Defensa empezó a proteger a los soldados presos. A una de las muchachas, Nubia, una de las más ofendidas porque la violaron simultáneamente cuatro soldados, ya la convencieron de que se eche para atrás. Ya fue al juzgado a cambiar su declaración, diciendo que ni siquiera la tocaron y que no tiene nada contra nadie. Y ya es la segunda que se desdice. Entonces, en este contexto se dan las amenazas contra mí.
-Perdón que insista, pero, ¿qué pasa con la CNDH?
-Hace poco, dentro de la investigación judicial, se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos, que en el argot jurídico mexicano se llama "inspección ocular" -aclara. Esta se efectuó de noche, casi a oscuras, porque los peritos querían comprobar si las mujeres podían reconocer a sus atacantes sin luz. Y fue una situación espantosa para ellas. Nosotros señalamos que eso violaba la Convención Internacional de Belén, que prohíbe que las víctimas de un ataque sexual sean hostigadas durante el desahogo de pruebas.
-¿Y la comisión entró en acción al saberlo?
-En absoluto. Además, a pesar de que las muchachas coinciden en que sus atacantes fueron 20 soldados, sólo siete están presos, pero a la inspección ocular sólo fueron tres de ellos, de los cuales uno ya está libre otra vez. Por otra parte, el Ejército está apoyando a un soldado que se niega a hacerse la prueba del ADN, porque una de las mujeres afirma que él la violó y la dejó embarazada. Pero el militar alega que el análisis de sangre no lo comprometería, porque incluso, si el resultado fuera positivo, él sostendría que le pagó a la mujer y que eso lo exime de toda culpa. Y el Ejército le da la razón.
-¿Se están desvaneciendo las acusaciones contra los soldados?
-Yo diría, más bien, que las están desvaneciendo por órdenes de arriba, igual que en el caso de Zongolica. Y quiero volver a subrayar que esto es muy grave, muy riesgoso, muy peligroso para el país.
Vera López fue obispo adjunto de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, adonde el Vaticano lo envió para sustituir a Samuel Ruiz García, pensando en que la orientación "conservadora" del remplazante alejaría a la Iglesia de las comunidades indígenas que se habían levantado en armas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sin embargo, al entrar en contacto con la fuerza espiritual y las inmensas carencias materiales de los rebeldes, Vera López se transformó a tal punto, que en 1999 el entonces titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, pidió al cardenal Angelo Sodano, entonces brazo derecho de papa Juan Pablo II, que monseñor Vera saliera de Chiapas tras la jublilación de Samuel Ruiz. Y en diciembre de 2000, en efecto, el Vaticano lo transfirió a la diócesis de Saltillo.
Antes de asumir la defensa de las prostitutas de Castaños, Vera López ha brindado solidaridad de manera permanente a los familiares de los 65 trabajadores del carbón que el 19 de febrero de 2006 murieron sepultados en Pasta de Conchos, del Grupo Industrial Minera México, cuyos propietarios son todos integrantes del primer círculo de Vicente Fox Quesada y Martha Sahagún, y siguen impunes pese a que todas las investigaciones apuntan a que el derrumbe dentro de ese yacimiento obedeció a una grave irresponsabilidad tanto de la firma como del gobierno federal, encargado de garantizar la seguridad de los mineros.