Incorporó un requisito "casi policiaco", afirma
La ley Televisa complicó a grupos sociales operación de radios: Amarc
La llamada ley Televisa, aprobada el año pasado por el Congreso de la Unión y actualmente vigente, aunque sujeta a revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sólo trajo consigo mayores complicaciones para las organizaciones sociales que pretenden operar radios comunitarias. Se incorporó un requisito "casi policiaco", que abre la puerta para que incluso la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pueda opinar sobre la posible entrega de un permiso.
Así lo considera el representante en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), Daniel Iván García, quien subraya que se han incrementado notablemente los requisitos para que las organizaciones civiles las operen, en contraste con la flexibilización para las concesiones, donde solamente se requiere tener el capital para invertir, "sin importar siquiera de dónde provenga".
Entrevistado sobre la condición en que se encuentran las radios comunitarias en México, en el contexto de la ley Televisa, García aseveró que las organizaciones sociales las operan en condiciones muy desventajosas. Las reformas no corrigieron la situación de la anterior Ley Federal de Radio y Televisión, sino que la complicaron más, porque no es un contexto legal que favorezca una participación democrática de la sociedad en este ámbito.
Durante el sexenio de Vicente Fox se otorgaron 10 permisos a radios comunitarias, aún bajo el esquema de discrecionalidad de la autoridad que prevalecía con la legislación anterior. Sin embargo, subraya, "en ese entonces pudimos lograr en las negociaciones que se eliminara como requisito la consulta a diversas dependencias, entre ellas la Sedena".
La reforma a la legislación -vigente en tanto la Corte no determine lo contrario- confirió a la Cofetel, responsable ahora de otorgar permisos, la facultad discrecional de solicitar información extra, más allá de los requisitos originales para un permiso, a cualquier dependencia de gobierno, y ésta puede ser desde Gobernación hasta la Defensa Nacional.
Existen recomendaciones internacionales, expresó Díaz, que sostienen la inviabilidad de que en un asunto de libertad de expresión, como es el caso de operar una radio comunitaria, se involucre a militares. Sólo la posibilidad de aplicarla, destacó, coloca ya a las organizaciones sociales que pretendan operar radios comunitarias frente al cumplimiento de requisitos de corte policiaco.
No obstante, no es el único aspecto que complica la operación de radios comunitarias. También la ausencia de previsiones para que los medios permisionados -sean de dependencias gubernamentales, ligadas a instituciones de educación superior u operadas por organizaciones sociales- puedan financiar el obligado cambio tecnológico.