Ciudad Perdida
Ahumada: una sentencia expedita
Candidez de la procuraduría capitalina
Montaje mediático en aras de un mártir
Hace algunos meses, en este espacio anticipábamos que el procurador general de justicia del Distrito Federal, Rodolfo Félix Cárdenas, permitiría que Carlos Ahumada quedara en libertad. Aquella sospecha se fundaba en la relación del funcionario con el panismo, con Diego Fernández de Cevallos, principalmente, y se convirtió en una realidad cuando menos oprobiosa.
Esto porque resulta que un juez, dos o hasta tres despachos de abogados, y los intereses políticos del panismo, burlaron la experiencia, la agudeza y el sentido profesional de procurador capitalino, y también del gobierno que encabeza Marcelo Ebrard Casaubon.
Era sabido por todos que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tenía cuando menos tres expedientes, dos de ellos también por fraude -uno en Tláhuac y otro en Alvaro Obregón- en contra de Ahumada, que lo deberían haber retenido en la cárcel, pero nunca fueron enviados al juez, es más, uno de ellos apenas llegó al juzgado el lunes por la tarde, lo que hacía casi imposible que se diera la orden de aprehensión antes de que el dueño del Grupo Quart fuera puesto en libertad.
Y entonces -nace la pregunta- ¿para qué enviar a los agentes judiciales a ofrecer un espectáculo tan deplorable como el del cumplimiento de una orden de presentación contra el empresario frente a la prensa, si se sabía que no podrían retenerlo? La respuesta la tenemos clara usted y yo: había que montar una farsa que salpicara algo de justicia en el hecho, y que lavara la cara sucia del gobierno de Marcelo Ebrard.
Y es que el guiso ya estaba preparado. El juez Alberto Rubalcava recibió el caso, que ya estaba en juicio, apenas en febrero pasado. Revisó el expediente de 76 mil 500 fojas y 153 tomos, se realizaron los trámites correspondientes, entre ellos el descargo de pruebas de la fiscalía, y en menos de 15 días determinó absolver a Carlos Ahumada.
La mala fama del juzgador era conocida por la procuraduría, los recursos dilatorios de la defensa, aprovechados por el juez para impedir que se presentaran todas las pruebas por parte del Ministerio Público, daban la idea de que algo se estaba cocinando, y sin embargo nada se hizo, o nada se quiso hacer. No se esperaba este desenlace "inusual", se asegura en la dependencia.
Total, el juzgador y todos los demás se aprovecharon de la candidez de la procuraduría, y cuando se dieron cuenta, el pájaro ya se les había ido, y por el momento no tienen ninguna posibilidad de hacer que Ahumada pague por los fraudes que supuestamente cometió en contra de las delegaciones Alvaro Obregón y Tláhuac.
Por lo pronto, gracias a esa farsa montada en las puertas del Reclusorio Norte, Ahumada se convirtió, a petición de algunos medios con trasmisión matutina, en preso político.
El solo reconocimiento por televisión de que existía un preso político hizo suponer a muchos de los telespectadores que por fin se escucharían los nombres de aquellos que fueron aprehendidos en Guadalajara, en Yucatán, en Atenco o bien los de la APPO oaxaqueña, pero no, se trataba de Carlos Ahumada, el empresario que según las acusaciones, que aún ahora obran en su contra, defraudó al gobierno de la ciudad y vive de los dineros de la gente.
El manejo de la información más que interesante parecía perverso. Se pretendía equiparar los delitos imputables a René Bejarano y Carlos Imaz con los que mantenían al empresario en la cárcel.
Con un fuerte olor a dolo, se decía que mientras Bejarano e Imaz estaban libres, Ahumada Kurtz seguía en prisión, sin explicar a la teleaudiencia que la causa que derivó de los videoescándalos, que implicaba a estos tres personajes, ya había concluido, y que el empresario obtuvo su boleta de libertad por aquel asunto. Es decir, si sólo se le hubiera juzgado por el delito de lavado de dinero, que tenía que ver con los videos que llevó un panista a la televisión, estaría libre desde hace mucho tiempo.
Lo terrible de este asunto es que en lo político ahora sí podrá decirse, casi sin equívocos, que entre Ebrard y López Obrador se ha roto el vínculo político que los mantenía unidos. Quedará en manos de la propia Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal enmendar, si es posible, esto que se presenta como un abuso del juez o como un accidente de extrema ingenuidad por parte de la dependencia, para que todo vuelva a la normalidad política y, sobre todo, de justicia. Ya veremos.