Apelan de la sentencia contra Ignacio del Valle y Felipe Alvarez; falta Héctor Galindo
Asegura el procurador mexiquense que van tras otros líderes de Atenco
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Trinidad del Valle, acompañada de algunos integrantes del FPDT, habló sobre los "presos políticos" ante estudiantes de la Facultad de Economía de la UNAM
Foto: Cristina Rodríguez
Siguen pendientes de cumplirse siete órdenes de aprehensión en contra de dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FTDT) de San Salvador Atenco, principalmente por el delito de ataques a las vías de comunicación, dio a conocer el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), Abel Villicaña Estrada.
El funcionario anunció asimismo que esta semana presentará argumentos legales para que no se reduzca la pena impuesta a los líderes del FPDT, Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo, a quienes se impusieron condenas de 67 años y seis meses de prisión por el delito de secuestro equiparado. Por lo pronto, la defensa de Ignacio del Valle y Felipe Alvarez presentó ayer un recurso de apelación contra la sentencia.
El procurador estatal, entrevistado en el municipio de Nezahualcóyotl, no proporcionó los nombres de las personas que a un año de la represión no han sido detenidas por la policía ministerial mexiquense.
Villicaña Estrada argumentó que ante la confidencialidad de la averiguación previa, la PGJEM no dará a conocer los nombres de quienes aún busca, pero aseguró que en la mayoría de los casos es por ataques a las vías de comunicación, "y en menor medida" por supuestos crímenes como secuestro equiparado.
El funcionario defendió la actuación de Alfredo Blas Hernández, juez primero de lo penal con sede en Toluca, quien el sábado pasado condenó a los tres dirigentes del FPDT recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, antes La Palma. Negó que el impartidor de justicia emitiera "una decisión arbitraria", pues la PGJEM presentó los elementos necesarios para que se fincara responsabilidad penal contra los líderes del FPDT.
En el municipio de Almoloya de Juárez, la abogada Bárbara Zamora presentó recursos legales con miras a revocar la sentencia "desproporcionada" impuesta a Del Valle y Alvarez, pero sobre todo con el objetivo de lograr su exoneración. La litigante argumentó que no existen elementos que acrediten la responsabilidad de sus defendidos en secuestro equiparado. En cuanto al abogado de Héctor Galindo, no ha apelado la condena, y el plazo para hacerlo vence el viernes.
Por la mañana del miércoles, Bárbara Zamora acudió a los juzgados aledaños al penal de Santiaguito para la audiencia del juicio 96/06 que se instruye en contra de 174 personas detenidas en Atenco en mayo pasado, acusadas de secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación.
En esta causa, Zamora no sólo representa a Ignacio del Valle y Felipe Alvarez, sino a 11 personas más, entre ellas César del Valle, hijo del líder del FPDT, quien se encuentra recluido en Santiaguito.
A la audiencia estaban citados los últimos cuatro policías de los 86 que requirió el juez segundo penal de Toluca, Jaime Maldonado Salazar, para ratificar las acusaciones en contra de los atenquenses. A la cita sólo acudieron tres uniformados, pero fue suspendida y reprogramada para dentro de 20 días.
Al concluir la audiencia, Zamora presentó en el juzgado primero su apelación contra la sentencia dictada a Del Valle y Alvarez. En entrevista, se quejó de que el juez primero penal de Toluca no le ha entregado copias certificadas que solicitó para elaborar su recurso de apelación, y exigió los documentos, para dar cumplimiento a lo que establece el Código de Procedimientos Penales.
Por su parte, Trinidad del Valle, esposa de Ignacio del Valle, señaló que sólo la unidad y la movilización popular podrá sacar a los "presos políticos" de las cárceles mexicanas; "que lo sepan los gobiernos ineptos y sordos que no escuchan al pueblo".
Ante estudiantes y académicos de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, Trinidad del Valle exhortó a intelectuales, artistas, académicos, sindicatos y organizaciones populares democráticas a sumarse al movimiento por la libertad de "nuestros compañeros víctimas de gobiernos represores y corruptos".
Doña Trini, como le llaman, destacó que los detenidos no están dispuestos a aceptar un indulto, porque significaría "aceptar una responsabilidad que no tienen, ya que sólo defendieron sus derechos, y por ello no tienen por qué pedir ninguna disculpa", mientras que la amnistía que han solicitado algunos sectores del PRD "está bajo evaluación, y pronto fijaremos una postura".
En el municipio de Naucalpan, el dirigente del PAN en el estado de México, Francisco Gárate Chapa, consideró improcedente otorgar amnistía a líderes del FPDT, pero exigió sancionar con la misma pena a jefes policiacos que participaron en los hechos violentos ocurridos de Atenco hace un año.