No habrá ninguna transacción con los inconformes, dice el director de la institución

Yunes: perderán derechos quienes se amparen contra Ley del ISSSTE

Descalifica a grupos que promueven esos recursos; "está abierta la vía jurídica", señala

ANGELES CRUZ MARTINEZ

Los trabajadores que solicitan amparos en contra de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) podrían perder temporalmente los derechos a los servicios y prestaciones que les ofrece el instituto, incluida la atención médica, advirtió el director general de este organismo, Miguel Angel Yunes Linares.

"No quiero que ningún trabajador deje de recibir los servicios de la institución y de hecho, no dejaremos de dar servicio a nadie, pero si un juez lo ordena...", señaló el funcionario en velada amenaza durante la primera conferencia de prensa que ofrece luego que el Congreso de la Unión aprobó el nuevo ordenamiento que rige al ISSSTE.

Informó que hasta el pasado martes, el instituto había sido notificado de la presentación de 550 demandas de amparo, de las cuales sólo a un empleado de Querétaro le fue concedida la suspensión provisional, pero le negaron la definitiva. "Sin pretender minimizar las expresiones de rechazo" de los trabajadores, Yunes señaló que la cantidad de solicitudes, aunque fueran 60 mil, no son representativas de todos los servidores públicos, jubilados y derechohabientes del instituto, cuyo número es de unos 10 millones de individuos.

Resaltó que los promotores de las demandas de amparo, a los que luego identificó como miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD), han incurrido en una actitud irresponsable al desinformar a los servidores públicos sobre los efectos de la ley, y principalmente al omitir explicaciones sobre las consecuencias que habría si el juez determina conceder la suspensión definitiva. En ese momento, para los quejosos dejaría de tener aplicación la ley y todos sus beneficios, entre ellos los servicios de salud, indicó.

Detrás de las expresiones de inconformidad hay un propósito político que, al no haber logrado frenar el proceso legislativo, intentan por la vía de los amparos, dijo el director del ISSSTE, quien incluso aseguró que "lo que hay es deseo" de los trabajadores por "conocer más y mejor" la nueva legislación.

Enseguida se refirió a las movilizaciones de protesta realizada en días recientes y que aparentemente crecerán en los siguientes, y afirmó que no habrá ningún tipo de transacción con los inconformes, como ocurría en el pasado, en que las autoridades acordaban el otorgamiento de préstamos "rojos" para acallar a los opositores.

Yunes Linares subrayó que en esta ocasión no se permitirán esas presiones, además de que descalificó a las organizaciones que promueven los amparos y a la vez impulsan paros y bloqueos en las calles. "Esto no es válido, sobre todo porque está abierta la vía jurídica" para la resolución de inconformidades, dijo.

También descartó la posibilidad de que prosperen las demandas de amparo porque la nueva ley del ISSSTE tiene su sustento en la Constitución. En todo caso, previó que la resolución de la autoridad judicial será similar a la que se dio con las inconformidades presentadas en contra de los cambios a ley del IMSS en 2004.

En esa ocasión, recordó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el amparo no procedía porque no había "derechos adquiridos" afectados, sino expectativas de derechos.

La declaración del director del instituto, se dio luego de una amplia explicación de José Enrique Ampudia Mello, secretario de la Junta Directiva del ISSSTE, sobre los beneficios de la nueva ley en el régimen de pensiones, los servicios de salud, y las prestaciones sociales.

Al respecto, Yunes Linares reconoció, por primera vez, que los servicios médicos del instituto enfrentan serias deficiencias, como el desabasto de medicamentos, retrasos de hasta 60 días en las consultas de especialidades y listas de espera de al menos cuatro años para conseguir un trasplante de órganos.

También mencionó el déficit de plazas del área médica que empezará a revertirse con la conversión de 600 puestos de trabajo desocupados del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, los cuales serán alrededor de 150 de médicos y enfermeras.

Aunque no especificó el número de plazas laborales que se requieren para mejorar la calidad de la atención médica en clínicas y hospitales, Yunes aseguró que el rezago acumulado en los pasados 25 años se empezará a subsanar en los siguientes tres o cuatro años, una vez que se definan los lineamientos del Plan Maestro en Salud y la forma en que se aplicarán los 8 mil millones de pesos que con motivo de la reforma legal entregará el gobierno por única vez entre 2007 y 2009.

Con respecto al equipamiento, dijo que se tiene previsto sustituir 25 mil equipos médicos y concluir obras que han estado abandonadas en Morelos y Acapulco, entre otras ciudades.