Manifiesta que es necesaria una ley para incautarlos y evitar el crecimiento de estas mafias
Apoya la Sedena usar bienes del crimen organizado para combatirlo
La lucha de los gobiernos contra ataques a su seguridad, como el terrorismo, decisión soberana
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) consideró que la lucha de los gobiernos contra ataques a su seguridad, como el terrorismo, "es una decisión soberana que a cada país le corresponde tomar", y resaltó que "cada Estado es libre de determinar la prioridad en el combate a amenazas que atenten contra su existencia".
En un documento enviado a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, en respuesta a distintas preguntas de legisladores, la Sedena también expresó estar de acuerdo en que se apruebe una ley que permita al Estado mexicano incautar los bienes o recursos producto del crimen organizado, y "evitar que sigan siendo instrumentados para incrementar la capacidad de operación de esos grupos".
De acuerdo con la evaluación de las fuerzas armadas, "la columna vertebral del crimen organizado son sus finanzas y las propiedades que van adquiriendo, por lo que se considera que la extinción de dominio sobre sus bienes favorece al Estado y contribuye a combatir a la delincuencia".
Esas definiciones de la Sedena fueron turnadas a la Cámara de Diputados, en respuesta a distintas interrogantes que los legisladores hicieron al secretario Guillermo Galván Galván, en su comparecencia ante la citada comisión, donde el militar se comprometió a contestar por escrito.
Así, a la pregunta del diputado José Alfonso Suárez del Real sobre la consistencia o no de la preocupación internacional del gobierno de George W. Bush y su lucha contra el terrorismo, especialmente porque ello no implica una disminución en el tráfico de armas y municiones, la Defensa respondió que, con base en los establecido en la Declaración sobre Seguridad en las Américas, adoptada en la Conferencia Especial sobre Seguridad realizada en agosto de 2003 en México, "considera que cada Estado debe enfrentar (las amenazas) conforme a sus intereses".
También en respuesta a otras preguntas de Suárez del Real, la Sedena aclaró que no contribuye con tareas de inteligencia con las autoridades financieras, sino que su intervención se limita a combatir "exclusivamente los subsistemas de producción, de tráfico y de combate a las estructuras de mando" de las organizaciones criminales.
Sin embargo, resaltó que en cumplimiento a la instrucción presidencial de realizar un esfuerzo conjunto en el combate al narcotráfico, mantiene estrecha coordinación con la Procuraduría General de la República, "a través de acciones conjuntas que permiten, entre otros objetivos, atacar la base económica de los narcotraficantes, impidiendo cíclicamente la cosecha de enervantes".
El perredista realizó diversas preguntas sobre las medidas para reforzar el combate al tráfico de armas, si es posible detectar con radares el traslado de armamento y la opinión de la Defensa sobre la política hemisférica respecto de ese delito.
Al respecto, el Estado Mayor de la Sedena respondió que a partir de febrero del año pasado, el Grupo de Coordinación Interinstitucional para la Prevención y Control del Tráfico de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos sesiona quincenalmente, en reuniones en las que participan representantes de la Dirección de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
De esas reuniones se resaltó el hecho de que fueron solicitados 2 mil 187 rastreos de armas de fuego y hasta el momento se recibió respuesta de 387, de las cuales 95 por ciento fueron compradas en distintos establecimientos de ese país.
México ''mantiene su posición para que en Estados Unidos se consideren medidas más efectivas de control para la venta, transportación y portación de armas de fuego'', expuso la dependencia. Asimismo, refirió que mediante el intercambio de información entre las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa, Marina, Hacienda, Seguridad Pública federal y Procuraduría General de la República y ATF, ''se han determinado los puntos de acceso y rutas del tráfico de armas de fuego en el territorio nacional, en los cuales se han incrementado las revisiones".
Como parte de estas acciones, agregó, la Sedena mantiene en forma permanente el despliegue de militares en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y continúa con operativos con perros entrenados en la búsqueda de armas y detección de explosivos.
También indicó que los radares tienen una aplicación muy limitada en la detección de armas de fuego, pero ponderó que pueden utilizarse equipos de rayos gama que permitirían realizar "revisión minuciosa de equipaje, contenedores y vehículos, sin incomodar a los ciudadanos". Informó que la Defensa evalúa la factibilidad de adquirir ese tipo de equipos para utilizarlos en los puestos de control permanentes que tiene en todo el país.
Finalmente, consideró que la política hemisférica para el control de armas de fuego "es adecuada, toda vez que los esfuerzos para combatir su fabricación y tráfico ilícitos son coordinados a través de los organismos del sistema interamericano, particularmente el Comité Interamericano Contra el Terrorismo y la Convención Interamericana para la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos".