Las autoridades han retrasado 3 años un informe que deberían entregar a la ONU
Urge un diagnóstico preciso sobre la explotación sexual infantil en México
Carta de ONG al relator especial Miguel Petit estima que hay más de 16 mil víctimas
Casi tres años de retraso tiene el informe que el gobierno de México se obligó a presentar ante Naciones Unidas, sobre la problemática de la explotación sexual infantil, lo que se suma a la falta de voluntad de las autoridades para enfrentar el delito, advirtieron organizaciones civiles de protección a los derechos de los niños.
En conferencia de prensa, los activistas dieron a conocer la carta que entregaron a Juan Miguel Petit, relator especial de Naciones Unidas, durante su reciente visita a México. En la misiva se refieren al problema de la venta de niños, prostitución y pornografía infantil, y principalmente, a la ausencia de una política pública integral con recursos financieros y humanos adecuados.
Rubén David Castañeda, director de Infancia Común, asociación civil, resaltó que también hicieron del conocimiento del relator la impunidad y complicidad de funcionarios.
Andrea Márquez, coordinadora de la Red por los Derechos de la Infancia, recordó que en el año 2000, México suscribió el protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, de la Convención de los Derechos del Niño. Lo ratificó en 2002, con lo que también asumió el compromiso de presentar un informe sobre la problemática del país en este tema en el año 2004. Sin embargo, no lo ha hecho.
Y lo que es peor, señalaron, es que no existe información confiable sobre la dimensión del problema. Hay algunas estimaciones, como la elaborada por la investigadora Elena Azaola hace más de siete años, según las cuales en México hay alrededor de 16 mil niños víctimas de explotación sexual comercial.
A la fecha, dijo Castañeda, se ha aceptado la idea de que esta cifra se ha elevado a 20 mil, pero no hay pruebas.
Por ello, 44 organizaciones y personas defensoras de los derechos de la infancia suscribieron la carta entregada a Petit, en la que demandan la elaboración de un diagnóstico que permita conocer el tamaño del problema en México, así como su inclusión en el diseño de una política pública en la materia.
También mencionan la necesidad de que los congresos locales homologen sus legislaciones con las recientes reformas federales, a fin de que éstas tengan la efectividad deseada en la protección de los derechos de los niños y adolescentes.
Para abatir la explotación sexual comercial infantil, se requiere la activa participación del sector turístico, independientemente de las consecuencias económicas, apuntaron.
Atención sobre feminicidios
En Ciudad Juárez, el relator especial de Naciones Unidas, Juan Miguel Petit, se reunió con familiares de las víctimas de feminicidios y con representantes de organizaciones no gubernamentales, quienes le solicitaron su intervención para que se investiguen los casos de niñas y adolescentes muertas y desaparecidas de 1993 a la fecha. Previo a la reunión, los activistas y familiares llevaron al funcionario de la ONU al campo algodonero donde fueron localizadas los cadáveres de ocho adolescentes en noviembre de 2001.
(Con información de Rubén Villalpando, corresponsal)