Es comisionado por Calderón para que impida el uso electoral de programas federales

Mouriño, a cargo de blindar fondos sociales; lo acusan de manipularlos

Alcaldes presentan agenda municipal prioritaria; piden más recursos y durar 4 años en el puesto

GEORGINA SALDIERNA, JOSE GALAN

El jefe de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño, fue comisionado ayer por Felipe Calderón para que -junto con el alcalde de Chihuahua- estableza un mecanismo que impida "que los programas sociales federales se desvíen en su propósito o simplemente no se apliquen".

Mouriño ha sido acusado con reiteración por priístas, perredistas e incluso panistas de utilizar el aparato gubernamental federal contra adversarios políticos y electorales (señalamiento que en el ámbito local se hace al presidente municipal chihuahuense, Juan Alberto Blanco Zaldívar).

La designación fue hecha durante una reunión del Presidente con alcaldes panistas de todo el país, ocho días antes de las elecciones en Yucatán y ante demandas insistentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de que el gobierno federal saque las manos de los comicios que se realizarán en el presente año.

El Presidente asistió a la asamblea extraordinaria de la Asociación de Alcaldes de Acción Nacional AC (ANAC), donde de-mandó a los ediles usar los programas sociales para servir a la gente y evitar desvíos.

En su discurso, Calderón se refirió a Juan Bueno, pero Presidencia precisó que en realidad aludió a Juan Alberto Blanco.

"¿Y saben por qué? Porque tengo la convicción profunda de que desde el poder, desde la Presidencia de la República, desde la presidencia municipal, no se debe gobernar para servir a un partido, así sea el propio. Y porque tengo otra convicción: que el mejor servicio que podemos darle a nuestro partido es hacer un buen gobierno. Esa es la mejor propaganda", subrayó.

Calderón afirmó tener la convicción de que el gobierno debe actuar sin partidismos.

"Ciertamente, por mi convicción, por principio, por ley, no voy a actuar con favoritismo o sesgos."

Añadió: "así como no le voy a dar más a un alcalde por ser del PAN, tampoco voy a permitir que se le dé menos a uno por no ser del PAN".

"Rediseñar el sistema federal"

En la sede nacional panista, manifestó su intención de establecer una alianza con todos los alcaldes de México, y con mucha mayor razón, con los de Acción Nacional. Recordó que en la oposición, como presidente de su partido, apoyó el fortalecimiento municipal y, ahora desde el gobierno federal, "con mayor razón".

Pero subrayó que así como ha habido un caudal importante de recursos para las alcaldías, también debe existir una mejor distribución de competencias. "Hay que dar un paso adelante para repartir mejor lo que llega de los estados, y eso debe ser parte de una agenda nacional que permita rediseñar el sistema federal".

Esta propuesta de inmediato fue recogida por los alcaldes, quienes, por conducto del presidente de la ANAC, Blanco Zaldívar, entregaron a Calderón una serie de peticiones "para fortalecer los municipios".

En primer lugar, Blanco Zaldívar ofreció al Ejecutivo federal el respaldo de lo que llamó "un ejército de almas", que a su vez requiere de mayor autonomía, porque enfrenta directamente "los graves problemas nacionales".

Alcalde de Chihuahua, Blanco Zaldívar afirmó ante Calderón que la exigencia más importante de los ciudadanos es la seguridad pública y que sólo con más grandes facultades será posible "brindar mayor gobernabilidad".

Para detallar sus propuestas, más bien peticiones, Blanco Zaldívar entregó a Calderón a nombre de los ediles una "agenda municipal prioritaria", con tres principales temas: seguridad pública, impuestos y la ampliación a cuatro años de los periodos de los presidentes municipales, así como el retiro de candados a la relección.

En el primer caso, los miembros de la ANAC solicitaron al Presidente participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de contar con financiamiento del mismo, y que quede claro en la ley cuánto deben redistribuir los estados a los municipios de los fondos aportados por dicho mecanismo, además de su inclusión en los consejos estatales de Seguridad Pública.

En el terreno de las finanzas, las peticiones fueron varias: en primer lugar, que los inmuebles e instalaciones del gobierno federal y los aeropuertos paguen impuesto predial; y demandaron la participación de los municipios en los órganos de coordinación fiscal.

Otra solicitud fue detener la política de reducción de recursos a los municipios e incrementar gradualmente el monto del Fondo General de Participaciones destinado a entidades federativas en un punto porcentual durante cinco años, hasta llegar a 25 por ciento de la Recaudación Federal Participable.

Requirieron que las empresas privadas y los organismos paraestatales cubran el pago de impuestos municipales por uso de vía pública, incluidas las firmas de telefonía, electricidad, petróleo, ferrocarriles, gas y telecomunicaciones.

También reclamaron que las paraestatales que suministran el servicio de energía eléctrica otorguen tarifas preferenciales a los municipios para sus instalaciones administrativas y de alumbrado público, y que instalen cableado subterráneo en los centros históricos de las ciudades.

Finalmente, pidieron ampliar el mandato constitucional de los ediles a cuatro años e impulsar en el mediano plazo la relección de los gobiernos municipales por un único periodo.