Lo que refleja el polémico decreto
Sin duda, el primer error en la estrategia es denominarle y por tanto aceptar la condición de "guerra" al narcotráfico. En la estricta medida en que el lenguaje refleja el proceso de abstracción y denota el orden de los conceptos. La guerra, en efecto, es un conflicto en el que se han agotado las instancias de negociación y acercamiento. En este caso, se trata de una actividad delictiva que por diversas razones ha adquirido una capacidad destructiva, moral y física, que pone en riesgo, antes que al Estado, al tejido social.
La gran polémica que causó el decreto presidencial por el que se crea un cuerpo especial del Ejército y la Fuerza Aérea (¿y la Armada no, por qué?) para hacerle frente con recursos, sobre todo jurídicos, al narcotráfico y sus actividades inherentes. De esa forma, el Presidente de la República hace bien en dar sustento legal a las actividades de los soldados en una tarea que no puede prolongarse por mucho tiempo; esto quiere decir que en breve deberá discutirse y aprobarse una seria reforma jurídica y penal para el país, desterrando la vieja tendencia conservadora y paternalista que pretende controlar y tutelar a la ciudadanía.
Quizá por eso, el PAN y su gobierno se sienten tan a gusto encaramados en las viejas estructuras del México autoritario, de un país que ya no es, pero que se intenta mantener vivo a partir de confrontaciones que conducen a pretender dirigir hacia dónde y por qué la sociedad debe marchar bajo la dirección clientelar de la autoridad. Por eso, encontramos tantas afinidades legales, presupuestales, ideológicas entre lo que fue y lo que es el gobernar México ahora. La forma gradual, pero consistente en que se viene ajustando el marco jurídico para hacerle frente a la inconformidad social, no tiene otro antecedente que el distanciamiento respecto de las prioridades colectivas en torno a los beneficios para unos cuantos. Es tan obvio y sencillo.
La sobrexposición a que se viene sometiendo en particular al Ejército Mexicano terminará por afectar negativamente a la única institución que aún inspira identidad y respeto. Se pueden consultar las diversas encuestas y sondeos de opinión al respecto para constatar que en los últimos lugares aparecen los políticos, los policías y los jueces, en tanto que las fuerzas armadas usualmente están entre los primeros tres; la confrontación ante un enemigo armado, sin escrúpulos, con un sistema de impartición de justicia débil y con leyes anacrónicas, no deja margen más que para la violencia, dentro y fuera de las zonas de conflicto.
Si no se cuenta con una política integral para hacerle frente al problema, seguiremos observando cómo el gobierno en turno dilapida el muy escaso recurso de legitimidad. No es posible suponer que la actual dinámica de ataque al narcotráfico vaya a durar el resto del sexenio, vaya, ni siquiera un año más. Es necesaria la inversión en el campo, salarios dignos, un papel activo de los profesores y los sindicatos en la prevención en el consumo de drogas; las secretarías de salud federal y locales, y desde luego los medios, principalmente la televisión, tienen un importante papel.
Por más decretos en materia de seguridad nacional o leyes que supongan mayores penas, no habrá forma de lograr un restablecimiento de la paz si antes no se crean y articulan medidas de carácter preventivo. Estamos en una fase correctiva; sin embargo, como cualquier otra patología social, siempre es menor el costo de la prevención que el de la corrección. Las fuerzas armadas actúan en un momento en el que todos los otros recursos fallaron, pero no pueden suplantar a la autoridad civil de manera permanente, salvo que se reconozca que el fracaso es total, definitivo e incorregible.
La resistencia a la autoridad es un sino de las sociedades a lo largo de la historia, pero cuando esta capacidad de evadir o burlar las leyes y a los gobernantes viene de actividades ilícitas, la determinación para hacerle frente sólo tendrá éxito si la sociedad misma participa. Las fuerzas armadas no podrán solas ante el desafío del narcotráfico. Por más que se publique cada semana un decreto presidencial en la materia.