Cuerno de chivo
La violencia crece de manera veloz en México. No debe haber ahora lugar en el mundo, excepto Irak, y guardando todas las proporciones debidas, donde ocurran a diario tantas ejecuciones. En nuestro caso están bien dirigidas, casi personalizadas y llevan mensajes claros, con cabezas cercenadas de por medio y entregadas a domicilio.
Aquí la violencia es al estilo de El Padrino, con todo lo que eso significa, más que aquella que expresa condiciones que se aproximan a una guerra civil, con todo y la ocupación extranjera.
De lo que hablamos es de la exhibición abierta de un conflicto entre grupos que operan fuera de la ley y que son capaces de ejercer la violencia, y de un Estado limitado para controlarla y proveer de seguridad a la sociedad. Es el dilema clásico de la filosofía política moderna acerca de los componentes y requisitos de la organización social.
Según la información disponible, la violencia cotidiana, cada vez mas notoria, involucra a los grupos dedicados al negocio del narcotráfico. La explosión de los meses recientes, conforme a la explicación oficial, se deriva de la decisión de enfrentar a dichos grupos con las fuerzas públicas y sería, así, una forma de medir las respectivas capacidades y establecer los territorios de cada uno.
Si esto es verdad, el gobierno tiene enfrente una enorme responsabilidad para no acabar debilitando su posición y perder una de las potestades que lo definen: tener el monopolio del ejercicio de la autoridad, incluida la propia violencia. En eso se basa finalmente su poder. Para ello cuenta, en principio, con las diversas fuerzas policiacas y las entidades de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública. Pero al parecer están ya rebasadas por la capacidad del enemigo, asunto en sí mismo bastante preocupante, y tendrán que ser asistidas cada vez más por los elementos del Ejército y sus fuerzas de elite. Esta decisión es crucial en términos operativos, pero no lo es menos en el ámbito político.
Hoy en México no podemos perder de vista lo que la confrontación en torno del narcotráfico representa en el campo de la seguridad de los ciudadanos y de los encargados de mantener la seguridad pública. No se puede dejar de lado la manera en que se va haciendo incierta la frontera entre esa seguridad y la libertad individual. Ambas condiciones, la de estar seguros y ser libres, no son revocables y no pueden negociarse. Lo que está en juego es una de las expresiones esenciales de la democracia. Vaya, el gobierno no puede perder esta batalla, pues con ella pierde prácticamente todo al confrontarse un poder legal, el único poder legal, con otro que opera fuera de la ley.
Todo esto debe haber sido medido cuidadosamente por el gobierno que apenas se inicia, pues no caben en este campo las improvisaciones. Y para ello debieron haberse considerado muchos elementos del fenómeno creciente del narcotráfico y de toda la cadena de delitos que va tramando a su alrededor. Entre esos elementos están, por ejemplo, la permisividad que tuvieron las anteriores autoridades federales y estatales; las profundas redes de corrupción que se tejen alrededor del lucrativo negocio de las drogas, que abarca a los funcionarios públicos y a las mismas fuerzas encargadas del orden; la rentabilidad de las operaciones financieras de lavado de dinero, que involucran a los bancos y otras empresas, como las comerciales y de la construcción. La lista es tan grande como la imaginación.
Tampoco debería el gobierno haber pasado por alto en su estrategia de combate al narcotráfico las causas sociales que lo promueven y que se aglutinan en la pobreza y la marginación, la falta de oportunidades que empujan a la ilegalidad, a pesar de los riesgos que entraña. Así, hay territorios enteros del país, de los que todos conocer su existencia, en los que priva la ley del revólver, la del cuerno de chivo, y donde las policías y el mismo ejército no pueden entrar.
La ascensión de México a las ligas mayores del narcotráfico internacional va de la mano del deterioro económico y social de largo plazo, de la mano de la inoperancia de las reformas comerciales y financieras tan preciadas por los grupos de poder aquí y de fuera, y de la frágil institucionalidad que se han ido conformando en los últimos 25 años. Cada vez se puede ocultar menos el fracaso de las políticas económica y social en el país.
Es cada vez menos posible controlar la inconformidad de la gente, pues la violencia tiene muchas caras y no sólo la que se expresa mediante las balas y las ejecuciones. Es violento por parte del gobierno reprimir la protesta social, es violenta la enorme concentración del poder económico, es violento imponer reformas sociales sin consultar con los afectados, es violento que únicamente 8 millones entre más de 100 millones de personas paguen impuestos. Es violento que el presupuesto no alcance para tener una mejor educación y un sistema de salud públicos. Es violenta la retórica del bienestar en una sociedad que, si no tenemos suficiente cuidado, va en camino a aproximarse a la visión expuesta en Mad Max, para volver a las imágenes del cine.