Usted está aquí: martes 15 de mayo de 2007 Política Reprueban al servicio profesional de carrera

Evaluación de la SFP detecta varias anomalías

Reprueban al servicio profesional de carrera

ELIZABETH VELASCO C.

El servicio profesional de carrera (SPC), establecido por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 2004 para garantizar "la legalidad, equidad y objetividad" en la contratación de servidores públicos en puestos técnico-directivos, obtuvo un desempeño de 508 puntos de un total de mil establecidos por la SFP, destaca la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el resumen ejecutivo de la Cuenta Pública 2005.

Aun cuando el SPC se puso en marcha el 2 de abril de 2004, luego de que se publicó el reglamento de la ley respectiva, la ASF detectó que en 2005 diversos subsistemas no se echaron a andar.

En esta primera evaluación de ese mecanismo de selección -que debe garantizar "imparcialidad y competencia por mérito" para la contratación de los servidores públicos-, la ASF subraya que se erogaron para su desarrollo 243 millones 109 mil pesos, que significaron un gasto de 5 mil 900 pesos por funcionario. Al menos eso se gastó en lo que ha representado la primera fase de su establecimiento.

Cabe precisar que dentro del SPC sólo se concursan 42 mil 944 plazas, de un total de 2 millones que forman la administración pública federal, y de las cuales un millón 800 mil son de base; además, hay dependencias donde no aplica.

Por ejemplo, no están incluidas en la ley correspondiente: Presidencia de la República, el área de seguridad nacional (secretarías de la Defensa Nacional, Seguridad Pública Federal y de Marina, así como la Procuraduría General de la República), ni personal del Servicio Exterior Mexicano, docente y de las ramas médica y paramédica, entre otros. De hecho, sólo opera en 77 dependencias, de un total de 240.

En el análisis de la ASF se indica que de siete subsistemas que integran el SPC, sólo operaron algunos, como planeación de recursos humanos, ingreso, capacitación y certificación de capacidades, y control y evaluación. Aunque operó el subsistema de capacitación en el año en cuestión, ningún servidor público logró su certificación en las capacidades profesionales adquiridas.

Los subsistemas desarrollo profesional, evaluación del desempeño (mide la productividad del servidor público) y separación se dejaron para 2006.

Por otro lado, sólo 59 secretarías sometieron a concurso 2 mil 509 plazas mediante convocatoria pública y abierta; de éstas, 60 por ciento de ellas se declararon ganadas; 2 mil 163 se concursaron una vez, y 346 en más de una ocasión.

Debido a que "no se consolidó" el SPC -consigna la ASF-, "no fue posible verificar que todas las plazas vacantes se hubieran concursado". Sin embargo, de una muestra de 208 concursos ganados, en 79 de ellos el ganador no resultó el mejor evaluado, y nueve candidatos de director general y director general adjunto resultaron ganadores en el proceso de selección, "sin acreditar las evaluaciones gerenciales respectivas".

Cabe destacar que a finales de 2006, diputados de la 59 Legislatura cuestionaron el SPC porque no se licitó al Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) la elaboración de los exámenes de ingreso al gobierno federal, y se detectó sólo en la SFP que más de 60 por ciento de los servidores que ingresaron provenían del estado de Chihuahua, de donde es originario su ex titular, Eduardo Romero.

 
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