No fueron reportados o justificados, señala la Comisión de Fiscalización del instituto

Ignora el IFE quiénes financiaron 200 mil espots a partidos políticos

Se abrirán procesos oficiosos de investigación para el esclarecimiento de esa irregularidad

ALONSO URRUTIA

Al cierre del proceso de análisis de los informes de campaña de partidos, la Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) estimó en más de 200 mil los promocionales que finalmente no fueron reportados o justificados, por lo que no hay evidencia de quiénes los financiaron. Ante ello, anoche prácticamente era un hecho la apertura de procesos oficiosos de investigación a todos los organismos políticos para el esclarecimiento de esta problemática.

En este contexto, durante una larga jornada de reuniones privadas de la citada comisión, se avanzaba en la aprobación de los dictámenes de los cinco partidos y coaliciones contendientes, estimándose en más de 500 las irregularidades cometidas en conjunto; algunas ameritarán que el IFE dé vista a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por la posible comisión de delitos de orden penal y fiscal.

Aunque la Comisión de Fiscalización operó con gran hermetismo en cuanto al contenido de los dictámenes, trascendió que la Alianza por México, integrada por PRI y PVEM, fue la que mayores irregularidades cometió y, por ende, la que se habría hecho acreedora a una mayor multa por sus manejos financieros durante la campaña.

Sin embargo, proporcionalmente al gasto erogado, el Partido Nueva Alianza fue el que mayor impacto tuvo en cuanto al monto de la sanción. No obstante, se prevé que las multas no serán onerosas, pero eso iba a ser discutido en la madrugada, aunque se consideraba que en ningún caso rebasaría los cien millones de pesos.

Entre algunos consejeros la preocupación central al analizar el conjunto de los dictámenes fue
el papel de los medios electrónicos en las inconsistencias de los informes de campaña. La interrogante de quiénes pagaron más de 200 mil espots, no justificados pero corroborada su transmisión por el monitoreo de Ibope, obligó a abrir nuevos espacios de investigación para detectar posibles financiamientos irregulares, bonificaciones de medios electrónicos -transgrediendo la prohibición- o responsabilidad de los partidos.

Trascendió igualmente que uno de los obstáculos que debió enfrentar el IFE en la fiscalización fue el incumplimiento ostensible de los convenios que en su momento firmaron Televisa y la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. El compromiso de entregar la información relacionada con todos los contratos que firmaron con partidos y sus facturas correspondientes, se rompió sustancialmente pues en los hechos el instituto sólo recibió una tercera parte de la información comprometida.

Si bien en los manejos financieros de las campañas se cuidó especialmente lo relacionado al gasto destinado a la elección presidencial, derivado del prorrateo que aplicó la Comisión de Fiscalización se detectaron al menos siete casos correspondientes a aspirantes a diputados federales, donde se habría confirmado el rebase de los topes de campaña, con las multas correspondientes que ello implica.

La comisión de esta irregularidad se desprendería en gran medida del prorrateo de los gastos publicitarios de las campañas federales, que al distribuir el costo de los promocionales que aparecieron bajo la responsabilidad de ''diputados'' en general, de determinado partido, motivó que se rompiera el tope de campaña en algunos distritos.

Al cierre de esta edición, los consejeros electorales se disponían a aprobar los últimos dictámenes, quedando pendientes para la madrugada o para esta mañana los proyectos de resolución.

Por lo pronto, hasta ayer el IFE dio respuesta oficial a la petición de los partidos políticos de ampliarles el plazo para aclarar errores u omisiones en sus informes de campaña, señaladamente lo concerniente a los promocionales no reportados. En la respuesta oficial, que tardó en concretarse casi un mes, el instituto responde que legalmente no es posible abrir ese espacio, porque las disposiciones legales y reglamentarias lo impiden.

Sin embargo, la apertura de los procesos oficiosos que realizará el Instituto Federal Electoral para indagar el origen del financiamiento de los 200 mil promocionales fue interpretada entre algunos partidos como la ampliación formal del plazo para esclarecer estas irregularidades.

Por lo pronto, en la Comisión de Fiscalización se tiene claro que los dictámenes solamente sancionarán aquellas irregularidades plenamente comprobadas, por lo que los mencionados espots que han suscitado la polémica implicarían posibles multas sólo hasta la culminación de la indagatoria. Esto, se prevé, podría empatarse con la fiscalización de los gastos ordinarios de los partidos, a efectuarse en agosto próximo.

Sin embargo, desde la perspectiva de los consejeros del IFE, que niega posibles concesiones gratuitas a los organismos políticos, se busca un mayor sustento legal para acreditar las irregularidades que impidan el posible éxito en recursos presentados por los partidos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El presidente de la citada comisión, Andrés Albo, desestimó que en la aplicación de sanciones se valore el efecto de una reacción de partidos en bloque. ''Nosotros tenemos que hacer una tarea sencilla, que es observar la ley; no tenemos que hacer consideraciones que vayan paralelas al ámbito legal, sino sencillamente bordar los temas desde la perspectiva técnica y administrativa''.

De las discusiones entre los consejeros y el proceso que anoche seguía para poder -eventualmente- subsanar irregularidades, incluidos espots no reportados, la Alianza por México tenía más de 200 observaciones; el PAN rondaba las 170; la coalición Por el Bien de Todos oscilaba en las 100; Nueva Alianza, 80, y Alternativa contaba con unas 20.

En el caso de Nueva Alianza, se detectaron desórdenes financieros que se tradujeron en reportes extemporáneos de los informes de campaña, lo cual de suyo implicaría multas por el retraso.