Los ministros deberán allegarse más elementos antes de resolver el caso
Obligatorio en la Corte, oír a expertos de UNAM e IPN opinar sobre ley Televisa
Aguirre Anguiano planteará al pleno antecedentes e información que estime pertinente
Ayer aprobaron el reglamento de esa sesión pública, que se efectuará el próximo lunes
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó ayer el acuerdo general 10/2007 para reglamentar la sesión pública del próximo lunes 21 de mayo, en la que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en materia de telecomunicaciones responderán a cuestionamientos que les hagan los ministros; esto como preámbulo de la discusión de la acción de inconstitucionalidad sobre la llamada ley Televisa, que resolverá próximamente el máximo tribunal del país.
A diferencia de las audiencias privadas celebradas el pasado lunes -para conocer los puntos de vista de quienes consideran que las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión son constitucionales-, y el pasado martes -cuando escucharon a los que consideran que ambas legislaciones son inconstitucionales-, a las que no asistieron todos los ministros que integran el pleno (ya que ocho lo hicieron el primer día y cinco el segundo), en la audiencia con los especialistas en telecomunicaciones la asistencia es obligatoria.
Con el propósito de que los ministros conozcan el tema a tratar antes de la sesión del próximo lunes, los diez integrantes del pleno recibirán toda la documentación e información correspondiente sobre el asunto, "a fin de permitir su estudio previo a la celebración" de la sesión pública.
Sin embargo, será el ministro presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, el que fijará el tiempo y orden de las intervenciones.
Inicialmente dará el uso de la palabra al ministro ponente, Salvador Aguirre Anguiano, hasta por 15 minutos, para que exponga ante el pleno el tema a debate, los cuestionamientos formulados a los especialistas y la materia de sus dictámenes, así como los antecedentes e información que estime pertinentes.
Posteriormente, cada especialista -por orden alfabético- hará uso de la palabra por un máximo de 15 minutos; una vez que concluyan éstos, los ministros podrán intervenir hasta en tres ocasiones para formular cuestionamientos adicionales, "en el entendido de que deberá tratarse de preguntas específicas, relacionadas única y exclusivamente con el tema a debate".
Las respuestas deberán ser "concretas y estar relacionadas con la pregunta específica que les haya sido formulada".
El acuerdo considera hasta una cuarta ronda de preguntas y respuestas para que los ministros formulen cuestionamientos adicionales. En caso de que al ser las 14 horas queden exposiciones o cuestionamientos pendientes, el ministro presidente podrá citar a una nueva sesión para que se desahoguen todas las dudas de los integrantes del pleno.
Para fundamentar legalmente la participación de los peritos, los ministros precisaron en su acuerdo que el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles prevé que "para conocer la verdad" el juzgador puede valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos.
Esto en el entendido de que "los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción" sobre un asunto.
Además, el artículo 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles señala que los tribunales podrán decretar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos.