El Estado, rebasado para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía: Zermeño
Al denunciar al Ejército, el ombudsman busca lavar su imagen, aseguran ONG
El informe preliminar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las violaciones a las garantías fundamentales de los michoacanos por parte de miembros del Ejército suscitó ayer reacciones en contra del ombudsman José Luis Soberanes, a quien le criticaron por su tardía actuación y su falta de credibilidad.
Sin embargo, también motivó el reconocimiento del coordinador de los diputados del PAN, Jorge Zermeño, respecto de que el crimen organizado ha rebasado la capacidad del Estado para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.
Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y la Red Todos los Derechos para Todos, el informe de Soberanes "llega un poco tarde" y más bien da la impresión de que pretende "lavar su imagen" luego de que su actuación en el caso de la señora Ernestina Ascensión dejó un cúmulo de dudas.
En el mismo sentido se expresó el PRD, al considerar que el ombudsman carece de credibilidad para asegurar que militares violaron a mujeres en Michoacán, después de la controversia que generó con el caso Ascensión.
Inclusive, la secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del sol azteca, Marcela Nolasco, pidió que Soberanes sea removido de su cargo, y que a la CNDH se le otorguen más facultades para que sus recomendaciones realmente tengan efecto.
Resaltó que en el PRD insistirán para que se aplique la justicia en este tipo de casos, y recordó que tan sólo en su partido tienen documentados 35, ocurridos en diversas partes del país, donde hay presencia militar.
En tanto, el secretario general del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, apuntó que con su informe sobre la actuación del Ejército en Michoacán, Soberanes quiere recuperar un "poco la credibilidad" que perdió, al señalar que la señora Ascensión no murió a consecuencia del ataque sexual de que fue objeto. En este caso, dijo, se manejó con "torpeza", lo que "alentó la impunidad" de los militares.
Reconocimiento panista
Sólo el panista Jorge Zermeño, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, rechazó el llamado de la CNDH para sacar al Ejército de las calles, porque, reconoció, el crimen organizado ha rebasado la capacidad del Estado mexicano para salvaguardar, mediante sus corporaciones policiacas, la seguridad de la ciudadanía.
Por su parte, Luis Sánchez, vocero de la bancada del PRD en esa cámara, coincidió con el ombudsman en el señalamiento de que el Ejército debe salir de las calles, y dijo que todas las fuerzas políticas, los órdenes de gobierno y los sectores sociales y económicos del país deben diseñar una estrategia conjunta para "frenar este derramamiento de sangre".
En tanto, especialistas en derecho constitucional y en fuerzas armadas aseguraron que de no modificar la estrategia de combate al narcotráfico, y regresar al Ejército a sus cuarteles, el Estado mexicano estará "entregando el control del país al crimen organizado".
Guillermo Garduño Valero, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y experto en el estudio de las fuerzas armadas, afirmó que "no será con el Ejercito regular como se podrá acabar con el narco; se requiere de elementos con una formación especializada que minimicen el daño a la población civil, que hoy se encuentra atrapada entre dos fuegos".
En tanto, Miguel Angel Eraña, especialista en derecho constitucional de la Universidad Iberoamerica, afirmó que estamos ante un gobierno federal "empequeñecido, que ha tomado la decisión más fácil de dejar la responsabilidad del combate al narcotráfico al Ejército, que no está capacitado para esta tarea, sino para la defensa del territorio nacional".
A su vez, el Centro Pro y la Red Todos los Derechos para Todos también criticaron que Soberanes esté haciendo un uso político de su cargo, porque no explicó el objetivo de su informe preliminar sobre la situación de Michoacán, y más bien parece que es una nueva práctica con la que pretende recuperar su imagen pública.
Luis Macías, director del Centro Pro, señaló que si Soberanes tuviera una preocupación real por la actuación de los militares en los operativos contra el narcotráfico, habría iniciado una queja de oficio desde diciembre de 2006.