Piden al Europarlamento cesen los secuestros de la CIA
Llaman intelectuales a renunciar a la violación de derechos humanos
"La única esperanza para derrotar al terrorismo pasa por el respeto a las reglas democráticas". Con esta idea de fondo, unos 130 intelectuales, escritores, científicos y magistrados, -entre ellos los premios Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y de Literatura, José Saramago y Dario Fo, así como el obispo mexicano Samuel Ruiz García- presentaron ayer ante la Comisión y el Parlamento europeos un "Llamado contra la filosofía de la guerra al terror y en defensa del estado de derecho".
El documento, firmado por el lingüista estadunidense Noam Chomsky y las Premios Nobel de la Paz Mairead Corrigan Maguire y Betty Williams, pide a los legisladores europeos que exijan a sus gobiernos la renuncia a prácticas "que contrastan con los principios del derecho bélico y del derecho humanitario", tales como "el secuestro de sospechosos de terrorismo al margen de procedimientos legales" y su traslado a "cárceles secretas".
"Estamos convencidos de que la derrota definitiva del terrorismo internacional será posible sólo si, en cualquier parte del mundo, se respeta el estado de derecho", dicen los firmantes, entre los que se incluyen también los escritores latinoamericanos Eduardo Galeano y Luis Sepúlveda, además del poeta Ernesto Cardenal.
El texto acusa a varios gobiernos europeos de faltar a la legalidad, pero hace especial énfasis en el caso del gobierno de Italia. Los que suscriben el "llamado" -entre ellos una veintena de magistrados y media docena de senadores italianos- acusan al Ejecutivo italiano que preside el centroziquierdista Romano Prodi de buscar "bloquear el curso de la justicia" en las investigaciones sobre el secuestro del egipcio Nasr Osama Mustafá Hassan, mejor conocido como Abu Omar.
Hassan fue secuestrado en Milán en febrero de 2003 y llevado a una cárcel en Egipto, donde dice haber sido sometido a varias sesiones de tortura. Según las investigaciones que ha realizado la fiscalía milanesa, el crimen fue obra de agentes de la Agencia Central de Inteligencia estadunidense (CIA) con la ayuda del servicio de inteligencia militar italiano. El gobierno de Prodi, sin embargo, ha desoído las quejas del Parlamento Europeo y se ha negado a solicitar la extradición de los 26 estadunidenses imputados. El Ejecutivo de Roma, además, ha acusado ante la Corte Constitucional a los jueces instructores del caso por la supuesta violación del secreto de Estado en el curso de sus diligencias.
Un caso similar, también denunciado por el documento, es el del ciudadano alemán de origen libanés, Jaled Elmasri, que fue secuestrado en Macedonia y estuvo detenido durante cinco meses en Afganistán. En sus interrogatorios estuvo involucrado un ciudadano alemán, presuntamente miembro de los servicios secretos germanos, pero el gobierno de Angela Merkel tampoco ha actuado.
Detrás de estas acciones y otras similares emprendidas por varios Estados europeos, los signatarios del documento ven "el recurso a la denominada filosofía de la guerra al terror", que "teoriza la supremacía de la seguridad sobre la libertad" y considera las reglas de los procedimientos judiciales "un fastidioso obstáculo para el logro de los propios objetivos".
Para que los culpables de estos casos sean llevados ante la justicia y para evitar que se repitan, los firmantes pidieron al Europarlamento "ser aval del respeto a los derechos humanos" y que pida a los gobiernos miembros de la Unión Europea que adapten sus acciones "a los principios irrenunciables de civilización y democracia".