Cuerpo Especial del Ejército
José Luis Soberanes, Manlio Fabio Beltrones, Carlos Navarrete y la Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros, se oponen vehementemente, y con razón, a la intervención del Ejército en la guerra contra el crimen organizado. Como reportaron los medios, esa intervención adquirió carácter institucional el 4 de mayo pasado con el decreto presidencial que creó el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos (Cuerpo Especial del Ejército) para combatir, entre otros enemigos de la seguridad pública, a la delincuencia organizada.
Los riesgos de exponer al Ejército a ese combate son muchos y fueron apuntados oportunamente por analistas y partidos de oposición. Se alega el posible deterioro de la imagen del instituto armado, en caso de no salir victorioso de un combate desigual para el que no ha sido preparado, y el riesgo de sucumbir ante los enorme sobornos que explican el exponencial crecimiento de la delincuencia organizada.
En un sexenio en el que las fuerzas armadas han abandonado la discreta tradición civilista con la que apoyaron al régimen anterior, su activa participación en la tarea más importante del gobierno podría resultar en una peligrosa militarización de la política.
Por su parte, los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos aseguran que el otorgamiento de más facultades discrecionales a las fuerzas armadas incrementaría los abusos de poder y las quejas ciudadanas. Más aún, encomendar al Ejército la ingente tarea de combatir la inseguridad pública equivaldría a liquidar de facto a las policías federales, estatales y municipales: reconocer que las autoridades civiles han sido finalmente rebasadas por la delincuencia organizada. Pero si no es el Ejército, ¿quién? ¿Las policías municipales, con pistolas calibre 38 y mosquetones Mauser de la Segunda Guerra Mundial? ¿La policía judicial?, inmersa desde siempre en el dilema shakespeariano de la delincuencia organizada: "¿plomo o plata?"
Finalmente, por ineficiencia, corrupción o falta de previsión, los gobiernos anteriores colocaron al país contra la pared. Ahora enfrentamos la disyuntiva del Ejército o el caos. No queda nadie más. No obstante, la creación del Cuerpo Especial del Ejército es un misterio. ¿Es un reconocimiento de que el Ejército, como tal, está perdiendo la guerra? ¿Se trata de un cuerpo probadamente incorruptible? ¿Vivimos el fracaso anunciado de la Policía Federal Preventiva? ¿Estamos frente a un ejército dentro del Ejército? ¿Será un cuerpo de comandos entrenado, o infiltrado, por el ejército estadunidense?
No olvidemos que Washington, tradicionalmente opuesto a la participación de sus propias fuerzas armadas en el restablecimiento del orden público, aplaude y apoya la intervención de tropas latinoamericanas en cualquier tarea destinada a apuntalar nuestras enclenques democracias. La sospecha proviene de que el decreto presidencial, que adolece de sustancia, congruencia y razones de Estado específicas, proporciona la excusa perfecta para solicitar "asesoría" al gobierno estadunidense: dispone que el Cuerpo Especial contará con todos los "recursos humanos, materiales, técnicos, tecnológicos, tácticos y estratégicos" que se necesiten para cumplir su misión. ¿Significa que nuestros altos mandos militares regresarán a la tutela de la Escuela de las Américas?
La exposición de motivos del decreto no ayuda. Es, desafortunadamente, una serie de lugares comunes o verdades de Perogrullo ("que el Ejecutivo tiene obligación de velar por la seguridad nacional", y que el Ejército y la Fuerza Aérea, "por su disciplina, profesionalismo y solidez moral gozan de un alto reconocimiento y confianza ciudadana").
Es un hecho que la ambigüedad del decreto permite al Presidente enviar tropas a cualquier estado de la República alegando que existe solicitud "expresa, fundada y motivada de las autoridades" a quienes supuestamente se preste el apoyo.
¿Tiene solución el problema de la inseguridad? En una entrevista con el diario O Globo de Brasil, Marcos Camacho (Marcola), ilustrado jefe de la temible banda carcelaria de Sao Paulo, se pronunció en contrario: "todos vivimos en el infierno". Marcola considera que han desaparecido explotados y proletarios. Afirma que allá, afuera, donde reina el mundo de la post miseria, se está gestando "una tercera cosa, cultivada en el barro, educándose en el más absoluto analfabetismo, diplomándose en las cárceles, como un monstruo extraterrestre escondido en los rincones de la ciudad. La post miseria genera una nueva cultura asesina, auxiliada por la tecnología, satélites, celulares, Internet, armas modernas. Es la mierda con chips, con megabytes. Mis comandos son una mutación de la especie social".
Finalmente Marcola, que no aspira a morir en una cama con los santos óleos, sino en la fosa común, apunta a la ineficiencia del Estado: "ustedes son el Estado quebrado -dice- dominado por incompetentes. Nosotros tenemos métodos ágiles de gestión. Nosotros estamos en el ataque. Ustedes en la defensa..." ¿Hay esperanza?