Las compañías estadunidenses Chiquita Brands, Del Monte y Dole, involucradas

Revela Mancuso lista de empresas que financiaron a paramilitares colombianos

Unos 9 mil muertos dejaron 20 años de combates de las AUC contra grupos guerrilleros

AFP, NOTIMEX, REUTERS

Medellín, 17 de mayo. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso entregó hoy una la lista de empresas colombianas y estadunidenses que financiaron las actividades ilegales de los grupos armados que encabezó hasta 2004 con el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en una declaración que amplía las ramificaciones de la llamada narcoparapolítica en este país sudamericano.

En el tercer interrogatorio realizado en la fiscalía de justicia y paz de esta ciudad, Mancuso aseguró que las compañías plataneras estadunidenses Chiquita Brands, Del Monte y Dole financiaron por varios años a las AUC, al igual que la cervecera Bavaria, la refresquera Postobón y empresas de los sectores automotriz y de transporte.

Mancuso, quien el martes reveló conexiones de las AUC con el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos -quienes son primos y cuya familia es propietaria del diario El Tiempo-, ratificó las acusaciones contra el ex director de la Policía Nacional, Rosso José Serrano, y dijo que algunos agentes de la corporación tenían vínculos con las AUC por órdenes específicas del funcionario policial.

El testimonio de Mancuso, de origen italiano, forma parte del proceso judicial de los paramilitares que en 2004 pactaron su desmovilización con el gobierno del presidente Alvaro Uribe. Las revelaciones que este año han surgido sobre los nexos entre narcotraficantes, paramilitares y políticos -legisladores, funcionarios civiles, policiales y militares- están siendo documentadas ahora por los fiscales, pero fueron hechas desde hace varios años por particulares y organizaciones sociales.

La desmovilización de unos 31 mil miembros de las AUC terminó el año pasado, aunque previamente los paramilitares negociaron con el gobierno un acuerdo para que la ley de Justicia y Paz concediera reducción de castigos a cambio de confesiones sobre los delitos en los que estuvieron implicados los grupos armados.

Las denuncias sobre nexos de líderes paramilitares de ultraderecha con políticos derechistas llegaron en abril pasado hasta el comandante del ejército de Colombia, el general Mario Montoya, según versión del diario estadunidense Los Angeles Times, basado en un reporte confidencial manejado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Al iniciar el proceso de desmovilización con el gobierno, Salvatore Mancuso, principal cabeza visible de los paras, solicitado en extradición por Estados Unidos por narcotráfico, reveló que al menos 40 por ciento de los parlamentarios había sido elegido con su apoyo, y advirtió que no estaba dispuesto a pagar ante la justicia por delitos que habían sido cometidos con el concurso de muchos sectores de la sociedad.

Hasta el lunes pasado 13 legisladores habían sido arrestados por sus presuntos vínculos con las AUC; uno de ellos el senador Alvaro Araújo, hermano de María Consuelo Araújo, quien fue obligada a renunciar como canciller en enero pasado. Otras 15 personas, entre ellas dos ex parlamentarios, también fueron llevadas a prisión, acusadas de haber suscrito un acuerdo político con los comandos de extrema derecha, conocido como el Pacto de Ralito.

Este jueves, otro miembro de la Cámara de Representantes, José Santos, se entregó a la fiscalía en Bogotá, con lo que aumentó a 14 el número de parlamentarios detenidos en este caso. Los implicados han sido llevados a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, de donde han surgido denuncias en el sentido de que las condiciones de su reclusión evocan a las del narcotraficante Pablo Escobar, en la década de los 80.

En el interrogatorio de hoy, Mancuso afirmó que una ex parlamentaria de la provincia de Antioquia, Rocío Arias, buscó el apoyo de las AUC para conseguir su puesto en las elecciones legislativas de 2002.

También dijo que el alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez, le ofreció varios puestos en la administración local a miembros del grupo paramilitar, a cambio de que las AUC le ayudaran a obtener votos. Cúcuta es una localidad cercana a la frontera con Perú y Brasil.

Unos nueve mil colombianos murieron en los 20 años en que las AUC se dedicaron a confrontar a las guerrillas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la cual, reanudó este jueves negociaciones de paz con representantes gubernamentales colombianos en La Habana.

Además de varios miles de muertos, la acción paramilitar provocó el desplazamiento interno de al menos dos millones y medio de colombianos. Esto, sin contar con que exterminaron literalmente a un partido político de izquierda, la Unión Patriótica, tres de cuyos candidatos presidenciales fueron asesinados, junto con todos sus legisladores, dirigentes y militantes.

Mancuso afirmó hoy que las compañías bananeras Chiquita, Dole y Del Monte pagaron una vacuna (soborno) de un centavo de dólar por cada caja de fruta exportada.

En marzo pasado Chiquita Brands International admitió ante el Departamento de Justicia haber hecho pagos a las AUC durante seis años, entre 1997 y 2004.

Directivos de Chiquita, por medio de su ex subsidiaria con sede en Colombia, Banadex (Bananos Exportación S.A.), se encargaron de hacer medio centenar de pagos a las AUC, a pesar de que el 10 de septiembre de 2001 la agrupación fue incluida en la lista de organizaciones consideradas "terroristas" por el gobierno estadunidense y no obstante que funcionarios del Departamento de Justicia señalaron a la compañía que los desembolsos eran "ilegales".

Dole Food Company, una empresa con sede en la localidad de Westlake Village, California, negó en un comunicado las acusaciones de Mancuso, pero Del Monte no emitió comentario alguno.

Según Mancuso, Postobón pagaba 7 mil dólares mensuales por cada departamento donde distribuía sus mercancías. La empresa refresquera forma parte de uno de los mayores conglomerados empresariales de Colombia, conocido como Ardila Lule.

Bavaria a su vez patrocinaba a las AUC con 70 centavos por cada 30 cervezas que vendía en la costa atlántica de este país. La entidad, que hasta 2005 fue propiedad de un empresario colombiano de nombre Julio Mario Santo Domingo, es actualmente subsidiaria de la cervecera sudafricana SAB-Miller.

Los pagos comenzaron en los 90

En su testimonio, Mancuso dijo que las tributaciones de las empresas a las AUC comenzaron a mediados de los 90, luego que estas agrupaciones armadas lograron imponerse frente a las organizaciones guerrilleras en la región de la costa atlántica.

Sobre las empresas automotrices, Mancuso mencionó que la distribuidora Hyundai aportaba anualmente cuatro automóviles para apoyar las actividades de las AUC.

La empresa coreana, que no emitió comentarios sobre las afirmaciones del ex jefe paramilitar, comenzó a dotar de vehículos a las AUC luego que otro líder de esa agrupación armada, Carlos Castaño, exigió al representante en Colombia de Hyundai, Carlos Mattos, la donación de un helicóptero. A Mancuso se le señala como responsable del asesinato del emblemático fundador de la AUC, Carlos Castaño, ocurrido en abril de 2004.

Las declaraciones de Mancuso fueron hechas días después de que las autoridades del país hallaron fosas clandestinas con decenas de cadáveres de presuntas víctimas de los paramilitares y cuyo hallazgo se debe a las confesiones de ex militantes de las AUC.

En este ambiente, la policía colombiana dio a conocer que el agente John Frank Pinchao logró escapar del cautiverio en el que fue mantenido por las FARC durante nueve años. El policía dijo haber visto con vida a Ingrid Betancourt, política que sigue secuestrada por la organización.