Editorial

Elecciones en Yucatán, muestrario de malas prácticas

Tras la salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del poder, a raíz de las elecciones de 2000, en las que resultó vencedor el candidato de Acción Nacional, diversas voces aseguraron que los esfuerzos realizados para garantizar elecciones limpias finalmente rendían frutos. Como resultado de las acciones de políticos, partidos de oposición y sociedad civil, los comicios de ese año permitieron la alternancia en el poder, por lo que se les calificó en su momento de los más limpios de la historia. Sin embargo, 2006 demostró que las prácticas para manipular el resultado de los comicios puestas en práctica por el PRI durante 70 años siguen vigentes, aunque ahora por parte de varios partidos. El año pasado, las elecciones federales, como todo mundo recordará, fueron ensuciadas por innumerables acciones desleales.

Estas irregularidades están presentes ahora en Yucatán, donde este domingo más de un millón de ciudadanos deberán elegir gobernador, 106 alcaldes y 25 diputados locales.

Al contrario de lo que se percibía en 2000, cuando prevalecía el optimismo, con lo que se ha visto en Yucatán queda una sensación de vacío difícil de asimilar. La lista de cochinadas electorales es larga. La oposición ha acusado al PAN de usar la estructura del gobierno estatal para impulsar a sus candidatos, ventaja que podría ser decisiva en una contienda en la que podría haber una diferencia de tres a cinco puntos porcentuales entre el primero y el segundo lugares al cargo de gobernador, menos de 30 mil votos si se considera una participación ciudadana de alrededor de 65 por ciento, según los últimos sondeos realizados por los propios partidos.

Además, la prensa nacional ha advertido desde hace unos días que el PRI y el PAN han enviado cientos de operadores provenientes de otras entidades del país para hacer proselitismo, no de manera clara. La oposición sostiene incluso que la policías municipales y la estatal han servido de apoyo a las mapacherías del partido en el poder.

Esta situación ha generado enfrentamientos entre militantes de los partidos rivales, como el protagonizado por panistas y priístas en el municipio de Tixkokob. El problema surgió cuando varios priístas descubrieron a Antonio Patrón Laviada, hermano menor del gobernador panista, repartiendo dinero a la gente para asegurar votos para los candidatos blanquiazules. Cuando los militantes del PRI intentaron detenerlo, fueron dispersados con gases lacrimógenos por la policía municipal.

De acuerdo con los últimos informes, más de 30 denuncias han sido interpuestas en la Subprocuraduría Especializada en Delitos Electorales. Cada fuerza política cuenta con expedientes sobre presuntos hechos delictivos, desde distribución de despensas y materiales de construcción hasta amenazas, agresiones físicas y detenciones arbitrarias de vehículos, pasando por compra de credenciales de elector, reparto de dinero y otras acciones clásicas propias del priísmo histórico.

El mismo presidente Felipe Calderón ha sido señalado por varios legisladores, como Manlio Fabio Beltrones, del PRI, de meter las manos en las elecciones yucatecas. Por su parte, el PAN denunció "la intromisión de priistas de otras entidades que representan la forma gangsteril de hacer política".

Los comicios de Yucatán confirman que el camino que debe recorrer el país para instaurar un sistema democrático, plural y transparente es aún largo y sinuoso. El afán de poder de los partidos políticos de México ha sido un factor determinante para que tal meta se mantenga lejana. Lamentablemente, han prevalecido los intereses partidistas y particulares y las malas mañas, un sucio juego que corta de tajo la esperanza de democracia de los pobladores del país.