Piden a Soberanes hacer tal señalamiento, pues si no "estaría favoreciendo la impunidad"
Corresponde a la justicia civil investigar abusos de militares, advierten ONG
Es positivo que por primera vez la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se haya pronunciado por la no participación del Ejército en tareas de seguridad pública -como recientemente hizo el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, al entregar su informe preliminar sobre los operativos militares en Michoacán, donde hubo violaciones y tortura-; sin embargo, resulta "alarmante" que reconozca que es la procuraduría militar la instancia encargada de conocer sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, pues favorece "la impunidad", además de que en "innumerables ocasiones" organismos internacionales se han pronunciado porque sea la justicia civil la que investigue esos casos, aseguraron diversas organizaciones defensoras de esas garantías.
La Red Todos los Derechos para Todos, los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Francisco de Vitoria, y otros, refirieron que si la justicia civil atrajera las investigaciones "se tendría mayor oportunidad de revertir el mayor aliciente para la comisión de delitos y violaciones a las garantías fundamentales: la impunidad".
Recordaron que en varias ocasiones la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los relatores especiales de la ONU sobre Tortura y sobre Ejecuciones Extrajudiciales, entre otros órganos internacionales, han expresado la necesidad de que los delitos perpetrados por personal castrense contra civiles sean conocidos por la justicia civil, con independencia de que hayan ocurrido durante acciones de servicio de los militares, puesto que en México dicho personal "parece gozar de inmunidad frente a la jurisdicción civil y tiene la protección de la justicia militar".
Indefensión de víctimas civiles
Aseguraron que los organismos internacionales han señalado que cuando el Estado permite que las investigaciones sobre actos que vulneran las garantías fundamentales por parte de elementos de las fuerzas armadas son dirigidas por instancias de justicia militar, "la consecuencia es que se deja en la indefensión a las víctimas civiles, al no existir independencia e imparcialidad ni de la procuraduría ni de los tribunales castrenses".
Resaltaron que las experiencias previas en las que se ha solicitado que la procuraduría militar decline su competencia a un tribunal civil han arrojado "nulos resultados" en cuanto a sanción de los responsables. El ejemplo más reciente al respecto, destacaron, es el de Castaños, Coahuila, en el que varios militares violaron a 13 trabajadoras sexuales en un bar de la zona roja del municipio, investigación que se ha visto estancada y en que activistas pro derechos humanos, entre ellos el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, han sido amenazados por defender a las mujeres agredidas.
Por ello, "puede concluirse que el fuero militar no es garantía de independencia e imparcialidad, ni mucho menos de una eficiente investigación para procesar a los presuntos responsables", subrayaron las organizaciones defensoras de las garantías fundamentales.
Denunciaron que al "omitir por completo" el impulso para el cumplimiento de las recomendaciones de organismos internacionales dirigidas a limitar el fuero militar, la CNDH impide a las víctimas contar con "recursos efectivos" para tener acceso a la justicia y contribuye a conservar en estado de indefensión a los agraviados.
Ante esto, las ONG exhortaron a Soberanes Fernández a que en las recomendaciones que emita al respecto, sobre todo en el caso de Michoacán, "exprese claramente la necesidad de que sean tribunales civiles los que conozcan de los procesos penales iniciados en contra de militares por su presunta participación en violaciones a derechos humanos, de lo contrario estaría favoreciendo el clima de impunidad del que históricamente se ha beneficiado el personal castrense en el país".