La debacle de la CNDH
En el último año han ocurrido en diferentes lugares del país una serie de hechos que han implicado muy graves violaciones a los derechos humanos de cientos de mexicanos. De estos agravios ha conocido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), asumiendo ante ellos una posición sumamente cuestionable, la cual la ha llevado a tales niveles de descrédito que algunos sectores sociales están solicitando e incluso exigiendo ya la dimisión de su titular, el doctor José Luis Soberanes Fernández.
Si bien es cierto que en el caso de Atenco la CNDH emitió una recomendación que reconocía las graves violaciones a los derechos humanos y sugería castigo para los responsables, bastó que las autoridades relacionadas con los atropellos se negaran a acatar la mencionada recomendación para que se le diera a ésta el carpetazo y con ello se dejaran impunes la muerte de dos jóvenes y la agresión sexual y maltratos a decenas de detenidos.
En ese mismo asunto, las autoridades señaladas como responsables de los atropellos, en este caso el gobierno del estado de México, investidas de impunidad, promovieron de manera abierta y en un acto de venganza una condena excesiva y desproporcionada en contra de los dirigentes rebeldes de Atenco.
En relación al conflicto que ha sacudido a Oaxaca y a pesar de la gran cantidad de evidencias existentes, la CNDH emitió sólo un informe especial, en el cual se constatan numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Este informe no hace señalamientos directos de responsabilidad y por lo tanto no emite una recomendación. Con esta posición ambigua, vaga y tardía solamente se ha garantizado impunidad a los responsables del asesinato de por lo menos 26 oaxaqueños, y de la detención arbitraria, las golpizas y las torturas en contra de cientos de ciudadanos inermes.
Si bien en los casos anteriores es manifiesta la debilidad con la que actúa la CNDH, será muy diferente su actuación en el caso de la señora Ernestina Ascensión, la anciana nahua muerta en la sierra de Zongolica, donde con una premura sospechosa y una energía inusual, la CNDH exculpó de responsabilidad a los presuntos autores de los hechos, descalificando actuaciones y evidencias de violación obtenidas por las autoridades competentes. Aquí la comisión actuó más para reforzar la posición del presidente Calderón, salvaguardando el nombre del Ejército, que para defender los derechos de la víctima.
La posición de la CNDH en el caso de doña Ernestina forzó al Ministerio Público a cerrar el caso, echando por tierra de manera aberrante e ilegal las primeras diligencias. Con esta actuación la CNDH no sólo suplantó a la instancia legalmente obligada a investigar los hechos de violencia, sino que al obstaculizar la procuración de justicia dejó impune el ataque que le costó la vida a la anciana nahua y que abre la puerta a nuevas agresiones, que lamentablemente ya han ocurrido.
Apenas hace unos días acaba de ser encontrado el cadáver de la señora Adelaida Amayo Aguas, una conocida comunicadora nahua de la sierra de Zongolica, la cual fue asesinada a puñaladas. Sobre este nuevo hecho de violencia las autoridades del estado de Veracruz han guardado un sospechoso mutismo, esperando tal vez que la CNDH dictamine que la señora Amayo "murió a causa de una enfermedad crónica".
Ahora, ante la generalizada y pública violencia con la que han actuado las fuerzas militares en el estado de Michoacán, la CNDH ha tenido que tomar una posición que aparenta energía, cuando reconoce que existen por lo menos 52 quejas promovidas por ciudadanos en contra de los excesos con los que han actuado los militares en la guerra contra el narco. Dentro de esas quejas se reconoce también que en por lo menos cuatro casos hay evidencias de graves abusos sexuales cometidos por soldados. En este caso parece ser que el titular de la CNDH quiere recobrar con declaraciones la credibilidad que ha perdido en los hechos.
Ante esta situación es preocupante la existencia de una CNDH débil y sometida a los designios de un gobierno que, como el de Felipe Calderón, en pocos meses ha enviado ya numerosas señales de desprecio a los derechos ciudadanos y de querer dar una respuesta represiva a las protestas sociales.
La creciente militarización del país, con los riesgos e ilegalidad que ello conlleva, así como la criminalización de la lucha ciudadana, están conduciendo al país a una ruta de colisión; ya que la derecha gobernante está dispuesta a violar derechos con tal de brindar a los inversionistas extranjeros condiciones de gobernabilidad que les den seguridad.
La fascistización de México, con los militares en la calle y con las cárceles atiborradas de presos políticos, es el imperio de la ley sin justicia que nos anuncia el régimen de Felipe Calderón. Ante ello se requiere de un ombudsman que sea realmente un defensor del pueblo ante los atropellos del poder. El doctor Soberanes debe considerarlo y los mexicanos también.