Comuneros opositores a la presa temen que serán criminalizados para justificar la represión

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Revela PRD en San Lázaro plan de CNC para que policías agredan a detractores del megaproyecto

SERGIO OCAMPO, EMIR OLIVARES, ROBERTO GARDUÑO

Integrantes de la Misión Civil de Observación La Parota (MCO) denunciaron la instalación de un retén con 30 elementos del Ejército en la comunidad de El Bejuco, municipio de Acapulco, en el estado de Guerrero, donde este domingo se desarrollará la asamblea agraria para discutir la aprobación o rechazo a la construcción de la central hidroeléctrica. Además, denunciaron que los ejidatarios que están en favor del megaproyecto parecen tener por objeto "desgastar al movimiento opositor, criminalizarlo y de esta forma justificar el posible uso de la violencia y represión en su contra".

Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados denunció que la Confederación Nacional Campesina (CNC), organización corporativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), solicitará la intervención, este domingo, de la fuerza pública con objeto de que actúe contra quienes se oponen a la construcción de la controvertida presa.

"Estrategia represiva"

En Guerrero, durante una conferencia de prensa, los representantes de la MCO -formada por organizaciones nacionales e internacionales, como Amnistía Internacional sección Canadá, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, la Red Todos los Derechos para Todos y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)- hicieron un llamado urgente a los gobiernos estatal y federal a desistir de "cualquier estrategia represiva o de fuerza para contener la oposición al proyecto".

Paulina Fernández, Carmen Ontiveros, Frida Espejel, Marta Ramos, Ricardo Trejo y Alvaro Urrueta, en representación de unas 30 organizaciones, recordaron que el proyecto "ha dejado ya un saldo de cuatro muertos, movilizaciones en favor y en contra, y varios litigios en los distintos tribunales".

Señalaron que los activistas conocen las repercusiones de la presencia y actuación policiaca en las asambleas anteriores, por lo que esperan que las autoridades cumplan su palabra de no enviar elementos de seguridad porque eso aumentaría el riesgo de enfrentamientos.

Los defensores de derechos humanos, que estuvieron presentes en la última asamblea comunal -celebrada los pasados 5 y 6 de mayo-, denunciaron que ésta tuvo una convocatoria "irregular". Por ello este domingo enviarán nuevamente una "misión de observación" para constatar que no se vuelvan a presentar las "irregularidades", entre las que anotaron: una convocatoria sesgada y un padrón de comuneros que no alcanzó 10 por ciento del total, destacaron en un documento.

Lamentaron que no hayan sido respondidas a cabalidad las recomendaciones y observaciones del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la celebración de una consulta apropiada a los comuneros. Por ello exhortaron a las autoridades a cumplir las recomendaciones del organismo internacional y las del Tribunal Latinoamericano del Agua sobre la cancelación del proyecto.

Cabe recordar que dos de las cuatro asambleas efectuadas para discutir la construcción de La Parota fueron anuladas por haber incurrido en procedimientos irregulares. En la reunión de este domingo participarán 7 mil 250 comuneros, y los acuerdos que se tomen en la misma serán válidos con una votación de 50 más uno, es decir, la firma de 3 mil 626 personas.

En la rueda de prensa se hizo público un documento en el que se emite un llamado "para evitar cualquier acción de corte represivo que vulnere los derechos de los opositores", el cual está firmado por el obispo emérito de San Cristóbal, Samuel Ruiz García; el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Pablo González Casanova; la antropóloga Alicia Castellanos; el ex diputado federal Gilberto López y Rivas, entre otros.

Señalaron que la misión surgió por la preocupación de que se presenten "represiones o provocaciones" de las autoridades, luego de que el Tribunal Unitario Agrario anuló el pasado 27 de marzo la asamblea agraria del 23 de agosto de 2005, que concluyó en favor de quienes se oponen a la construcción de la presa.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) consideraron que asambleas como la pasada "no constituyen un mecanismo de consulta adecuado en términos de lo dispuesto por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)", puesto que de los 43 mil ejidatarios de la zona en la que se prevé construir La Parota, el padrón sólo registra 7 mil 280, "por lo que es claro que estos cónclaves excluyen a la mayoría de la población que podría ser afectada".

Mostraron su preocupación por el "falso argumento" de que el grupo opositor es "violento" esbozado por autoridades y ejidatarios simpatizantes del proyecto hidroeléctrico, pues en la más reciente asamblea "constatamos que no hubo violencia de ninguno de los grupos que participaron y que el movimiento opositor ha seguido con su lucha pacífica y legal en la defensa de sus derechos como pueblos"; por ello, agregaron, "no existe justificación para posibles actos de hostigamiento, amenazas y represión".

Información "completa, exacta e imparcial" a posibles afectados

Las agrupaciones exigieron que las autoridades y los empresarios proporcionen información "completa, exacta e imparcial" a quienes se verían afectados por la construcción de la presa y sobre las posibles indemnizaciones.

Al respecto, el diputado perredista José Antonio Almazán González dio a conocer la intervención de la CNC en el conflicto, pues dicha organización solicitó el uso de la policía contra los opositores. El legislador denunció que la agrupación priísta trata de imponer y controlar las decisiones en torno a la hidroeléctrica. "Si se encuentran presentes los cuerpos policiacos en la asamblea se puede generar la violencia que no queremos lamentar después."

Refirió que, con el apoyo del Sindicato Mexicano de Electricistas, los campesinos integrados en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota acudirán a la OIT para exigir respeto y protección de sus derechos a la consulta y a la participación.