Pendientes, un recurso ante la SCJN y quejas ciudadanas
Cuándo destruir las boletas, dilema
Una vez desahogada gran parte de la fiscalización de los informes de campaña de los partidos, el Instituto Federal Electoral (IFE) se abocará a otro tema polémico en su agenda para finiquitar los comicios de 2006: la destrucción de las boletas. Con el aval del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aún queda la incógnita si el IFE esperará el resultado del recurso existente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y eventuales apelaciones ante instancias internacionales.
El acuerdo aprobado por el Consejo General en diciembre pasado para postergar la destrucción de las boletas -como lo determina el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe)-, solamente consideraba que el organismo esperaría hasta que se desahogaran todos los recursos ciudadanos contra las decisiones adoptadas por sus instancias de transparencia y acceso a la información.
Sin embargo, omitía cualquier consideración al recurso que uno de los ciudadanos solicitantes -Daniel Lizárraga- había interpuesto por la vía del amparo contra violaciones al derecho de acceso a la información. Lo cierto es que, luego de casi cinco meses, aún no se discute formalmente este tema entre los consejeros, una vez que se ha conocido ya el respaldo que el TEPJF dio a su postura de negar cualquier acceso a las boletas electorales.
Asimismo, tanto Daniel Lizárraga como Delia Angélica Ortiz, promoventes de los dos recursos que desechó el TEPJF, han señalado que podrían acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para continuar en su postura de acceder a las boletas de los comicios de 2006.
Algunos consejeros han expresado que consideran viable que el IFE espere al desahogo de la totalidad de los recursos legales. Sólo hay un detalle: el instituto mantiene ocupados a alrededor de 3 mil soldados -una decena por distrito electoral- en custodia de las instalaciones donde se resguarda el material.
No es la postura de todos los consejeros. Hay quienes piensan que el instituto ya hizo lo que prudentemente debería haber realizado: esperar a que se agotaran todos los plazos relacionados con los recursos interpuestos por vía de la transparencia, y cuya decisión negativa finalmente avalaron los magistrados del tribunal electoral.
En esa lógica, se considera un riesgo innecesario postergar aún más la destrucción de los paquetes, cuando ya se acerca el 2 de julio, aniversario de los polémicos comicios del año pasado.
Las disposiciones del Cofipe no fijan un plazo específico para su destrucción ni la manera como se debe llevar a cabo, sólo establece que se procederá a ello una vez concluido el proceso electoral. Originalmente, el IFE había previsto diciembre de 2006, como parte del programa de organización electoral que se aprobó en 2005.
La fecha se modificó ante los recursos de acceso a la información interpuestos.