El académico critica su falta de transparencia en 2006
La renuncia de consejeros, favor a la patria: Ackerman
Buscaron validar el poder y se negaron a romper la impunidad
Al analizar el papel del Instituto Federal Electoral (IFE), John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuestionó la falta
de transparencia con que se condujeron los consejeros en los comicios presidenciales del 2 de julio de 2006, con el propósito de ''validar el poder en México'' y en contra de ''romper el ciclo de impunidad y simulación que nos caracteriza''.
En entrevista, a propósito de la próxima presentación de su más reciente libro, Organismos autónomos y democracia, el académico criticó que esas autoridades interpreten la ley de acuerdo con los ''intereses que estén en juego'', y permitan que la iniciativa privada esté en contra del estado de derecho, al no incluir como parte de la fiscalización los promocionales que durante el proceso electoral transmitieron en beneficio del candidato panista, Felipe Calderón Hinojosa.
Por ello, se sumó a las voces que exigen la salida de los consejeros electorales, encabezados por el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde. ''Que renuncien, sería un gran favor a la patria'', resumió.
Comparando su actuación con aquel grupo de consejeros que estuvo en el instituto de 1996 a 2003, afirmó que en la actualidad Ugalde, a diferencia de José Woldenberg, ''centralizó el poder'' al estilo priísta. ''La forma eterna de manejar el IFE hacia lo interno y hacia afuera es un desprecio total para la certeza de transparencia'' que hoy demanda la sociedad.
El interés por destruir las boletas electorales, afirmó, es un reflejo de la falta de transparencia en este país. Por eso, ''yo llamaría a los consejeros, por el bien de la democracia, a que no se aceleren''. Hay tres caminos aún por recorrer: un amparo en trámite ante la Suprema Corte, que apela a la ley de transparencia para tener acceso a esos documentos; el recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar su destrucción, y la propuesta de la investigadora Irma Sandoval por agregar a la reforma electoral un transitorio que obligue a reservarlos en el Archivo General de la Nación.
Los 200 mil promocionales
Salvaguardar las boletas, argumentó, sería un gran paso para conocer realmente lo que ocurrió en ese proceso. Por ejemplo, saber cuántos votos obtuvo Víctor González Torres, el Doctor Simi, como candidato presidencial no registrado. Ackerman criticó que en materia de fiscalización, los consejeros argumenten que desconocen quién pagó los más de 200 mil promocionales que transmitieron los partidos políticos durante las campañas. ''¿Qué nos recuerda esto? El dictamen de validez de la elección del 5 de septiembre. No sabemos qué impacto tuvo la campaña ilegal, negativa, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la intervención del entonces presidente de la República (Vicente Fox). Pero nos dicen que todo es válido''.
Nos ofrecen, subrayó, ''un mensaje de impunidad, de esconde la mano y puedes tirar todas las piedras que quieras, y reflejan -mediante su informe- que en materia electoral el sector privado no es sujeto obligado a los requerimientos del IFE''.
De tal manera que a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión y a Televisa se les valida el no informar sobre los convenios que firmaron con el organismo. Así que nos damos cuenta que ''el IFE no está haciendo lo suficiente, y el sector privado tiene un desprecio hacia las autoridades electorales y para el estado de derecho, y eso provoca problemas legales'', enfatizó.
Para colmo, agregó, ''no hemos visto en el dictamen de la Comisión de Fiscalización del instituto informes sobre los mensajes del CCE, del Consejo de la Comunicación y otros organismos que pagaron promocionales, a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 5 de septiembre pasado, determinó que esos anuncios eran ilegales y en favor de Calderón''. Entonces, insistió, ''eso se tiene que atribuir a Felipe Calderón, y las televisoras tendrían que informar sobre esos gastos al Instituto Federal Electoral''.
Qué diferencia -equiparó- con el comportamiento de los consejeros durante la gestión 1996-2003, cuando en su primera etapa, el llamado grupo El Pentágono, integrado por Jaime Cárdenas, Jesús Cantú, Emilio Zebadúa, Juan Molinar y Alonso Lujambio, ''dinamizaron'' al instituto y rompieron con las ''tradiciones autoritarias''.
En su libro, que será presentado el próximo miércoles en el Foro de la Librería Siglo XXI Editores (Cerro del Agua 248, colonia Romero de Terreros, Coyoacán), el investigador también aborda el surgimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Auditoría Superior de la Federación, como parte de su análisis sobre la creación los organismos autónomos en el país, incluido el IFE. Este paso, manifestó, es una gran aportación para el desarrollo democrático en México, pero es necesario ''abrir'' esas instancias a la ciudadanía para hacerlas efectivas y no ubicarlas como un medio para justificar acciones del Estado.
En cuanto a la CNDH, criticó que su manejo se ''centralice en una sola persona'', el presidente del organismo, y sea él quien ''decida las órdenes, lo que ocurre, las declaraciones, cuándo debe haber recomendaciones, todo''. Falta, afirmó, ''institucionalidad'' en el organismo. Hay que fortalecer legalmente su consejo y brindar autonomía a sus integrantes.
Para John Ackerman, de las tres instancias, la ''más positiva'' es la Auditoría Superior de la Federación. ''Año con año ha ido fortalecimiento su fuerza institucional y su efectividad en materia de combate a la corrupción'', apuntó.